En un comunicado, este organismo ha explicado que el Tribunal Constitucional considera inconstitucional que tenga la atribución en exclusiva del establecimiento y desarrollo del régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de la cadena.
Desde su creación, la Agencia ha asegurado que no ha actuado nunca ejerciendo la potestad sancionadora en los supuestos en los que no le corresponde hacerlo, respetando, por tanto, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas en esta materia.
Según ha recordado, la ley de la cadena establece en el artículo 26.1 cuando corresponde la potestad sancionadora a la Administración General del Estado y en el 26.2 cuando les corresponde a las Comunidades Autónomas.
A lo largo de los más de tres años de su funcionamiento, la AICA ha explicado que se han ido aprobando sucesivamente planes de control donde se incluyen los criterios utilizados para seleccionar sus actuaciones inspectoras. Dichos planes únicamente contienen las actuaciones inspectoras de este organismo en el ejercicio de la potestad sancionadora que le corresponde a la Administración General del Estado, en virtud del artículo 26.1 de la ley de la cadena alimentaria.
Por todo ello, según ha subrayado la Agencia, los expedientes sancionadores en tramitación no se ven afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto se ajustan al artículo 26.1 de la ley de la cadena, al igual que sucede con las sanciones impuestas por incumplir dicha ley. A 30 de junio, la AICA ha propuesto 686 sanciones por un importe de 8.236.878 euros.
Veracidad de los datos
Por otro lado, la AICA ha explicado que sigue gestionando y manteniendo los sistemas de información, seguimiento y análisis de los mercados oleícolas, lácteos y vitivinícolas.
La sentencia del Tribunal Constitucional anula la función de AICA de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los sectores oleícolas, lácteos y vitivinícolas, para asegurar la veracidad e integridad de los datos que se incorporan a los sistemas de información de mercados y para determinar el origen, destino y características de las materias primas y los productos, incluso mediante la correspondiente toma de muestras y determinaciones analíticas, en cualquier fase de la cadena; así como el seguimiento y control de la aplicación o destrucción final de los subproductos que no tengan uso alimentario.
Así, de acuerdo con la sentencia, la Agencia no podrá trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en las actuaciones de control para asegurar la veracidad e integridad de los datos que se incorporan a los sistemas de información de mercados de los sectores oleícolas, lácteos y vitivinícolas. En este sentido, corresponderá a las Comunidades Autónomas ejercer dicha función de control de la veracidad de los datos de los sistemas de información de dichos mercados.
En el sector oleícola, la AICA ha recordado que realizaba inspecciones en distintas entidades del sector con el fin de verificar la información que éstas aportaban al sistema de información del mercado oleícola. Estos controles, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional, ya no pueden seguir haciéndose por parte de este organismo y, a partir de ahora, corresponderá a las Comunidades Autónomas. Al respecto, "si las Comunidades requirieran colaboración de AICA, ésta está en plena disposición para hacerlo", ha añadido.
Con fecha 3 de julio, la Agencia ha apuntado que ha dejado de realizar las funciones que el Tribunal ha señalado que son competencia de las Comunidades adaptándose internamente para cumplir la sentencia, y tomado las medidas oportunas de reorganización para adecuar su actividad al nuevo marco.
