El titular de Agricultura ha detallado que, desde el primer momento, por parte de la Junta de Andalucía se está realizando “un intenso trabajo en defensa de nuestra aceituna de mesa, en la justificación de la legalidad de las subvenciones concedidas y en la legitimidad de su proceder”. De hecho, la presidenta Susana Díaz se ha trasladado en varias ocasiones a las instituciones comunitarias para defender la legalidad de las ayudas que percibe el sector andaluz y esta semana ha vuelto a reclamar apoyo al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, durante un encuentro mantenido en Sevilla.
En cuanto a las medidas concretas llevadas a cabo por el Gobierno andaluz, Rodrigo Sánchez ha destacado el seguimiento técnico en las investigaciones en curso a través de “un equipo de alto nivel” de la Consejería de Agricultura integrado por más de 15 expertos y profesionales. El consejero ha añadido que también se está colaborando con los juristas contratados por las empresas, “suministrándoles toda la información necesaria para la preparación del proceso de verificación en las instalaciones” que se está realizando durante esta semana y la próxima.
Intolerable agresión
Durante su intervención en el debate parlamentario sobre el apoyo de la Junta al sector de la aceituna de mesa de Andalucía, Sánchez Haro ha reiterado que estos productores están sufriendo una “injustificada, desproporcionada, oportunista e intolerable agresión”. Estas declaraciones hacen referencia a la denuncia que la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Negras -formada por dos empresas aceituneras de California- presentó en junio de 2017 ante las autoridades de EEUU contra la entrada de aceituna negra procedente de España. Estas entidades pedían la imposición de derechos antidumping y antisubvención alegando daños y la amenaza que, según su versión, suponen las importaciones de producto español a precios supuestamente desleales.
Una acusación “desprovista de razón” y que “sólo esconde una actitud proteccionista” cuyos primeros resultados ya se están sintiendo en el mercado a través de la imposición de dos tasas arancelarias provisionales “desproporcionadas e injustas” que, en total, suman un valor medio del 21,6% y que podrían llegar a ocasionar el cierre del mercado estadounidense para las exportaciones andaluzas de aceituna negra de mesa. Esta situación supondría pérdidas de 70 millones de euros al año (350 millones de euros en los próximos cinco años) y de numerosos puestos de trabajo en la industria afectada. Andalucía lidera las ventas de aceituna negra a Norteamérica con casi un tercio del valor exportado y el 77% de la producción nacional de este alimento. Este sector genera en la Comunidad Autónoma andaluza más de dos millones de jornales y reúne más de 16.000 explotaciones con alrededor de 95.000 hectáreas en total.
Ante la gravedad de esta situación, “ya se ha solicitado al Gobierno central que exija a la UE la activación de los mecanismos de gestión de crisis, así como beneficios fiscales de carácter excepcional” -reducción de módulos fiscales- para que los afectados puedan hacer frente a estas circunstancias, ha afirmado el titular de Agricultura andaluz.
Visita del Gobierno norteamericano
Durante esta semana y la próxima, una Delegación del Departamento de Comercio de EEUU visita las empresas españolas afectadas por esta denuncia con el fin de continuar con el proceso de investigación de la información facilitada al respecto. Estos representantes de las autoridades norteamericanas verificaron ya la pasada semana los datos suministrados por el Gobierno andaluz, un trabajo que, como ha resaltado el consejero de Agricultura, ha finalizado satisfactoriamente con la verificación del 100% del muestreo aleatorio seleccionado por los investigadores y ha puesto de manifiesto la “absoluta transparencia” de Andalucía en contraste con la “actitud opaca” de la delegación norteamericana.
Sánchez Haro ha lamentado lo que “a todas luces supone una situación de indefensión” debido a que los trabajadores del Gobierno estadounidense que se han desplazado hasta Europa para continuar con la investigación han “impuesto de forma unilateral cuestionarios arbitrarios y con plazos difícilmente asumibles”. A modo de ejemplo, ha explicado que a lo largo de los últimos seis meses se han tenido que buscar 758 expedientes, recopilar la documentación de miles de páginas, traducirlas al inglés y recabar, analizar, interpretar, explicar y argumentar líneas de ayudas y sistemas de apoyo de tres períodos de programación con unos plazos claramente insuficientes para remitir la información solicitada. Y es que, como ha explicado el titular de Agricultura, los representantes del Gobierno de EEUU han exigido unilateralmente un período de estudio que se ha ampliado del ejercicio investigado inicialmente (2016) hasta 12 años atrás.
Además, el consejero ha denunciado que los demandantes han ido aumentando las exigencias de información a la Administración y a las empresas españolas “haciéndolas coincidir con el desarrollo de otras fases del proceso”, lo que ha obligado a simultanear la verificación de la documentación con la exigencia de nuevos documentos que ya se habían enviado en respuesta a un requerimiento anterior, a la vez que se han negado a admitir información complementaria comunicada oficialmente desde la Junta de Andalucía.
