En su elaboración, la AICA ha contabilizado el número de denuncias recibidas en la Agencia, procedentes de cada Comunidad, y las inspecciones realizadas en cada sector (frutas y hortalizas, lácteo, vinícola, carne de pollo o aceite de oliva envasado), así como el resultado de dichos controles.
Según se desprende del estudio, Galicia es la Comunidad Autónoma de donde procede el mayor número de denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria (31%), y también la región que acumula mayor número de multas propuestas (22%).
Por su parte, la Comunidad de Madrid es donde más expedientes sancionadores se han abierto (24%), aunque el porcentaje de sanciones propuestas finalmente, tras el estudio de estos expedientes, baja hasta el 11%.
En líneas generales, la distribución mayorista es el eslabón de la cadena alimentaria que concentra más incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, mientras que el sector de frutas y hortalizas contabiliza el mayor número de expedientes sancionadores, aunque el sector lácteo es el que acumula más denuncias.
La causa más frecuente de sanción es no respetar los plazos de pago, seguida de no enviar la documentación requerida por AICA y la ausencia de contratos de compra-venta, según ha informado este organismo.
Actividad inspectora
La AICA ha señalado que en cada control a empresas o establecimientos, los inspectores vigilan varias operaciones comerciales de compra-venta, por lo que el número de operaciones supervisadas es bastante superior al de inspecciones realizadas. Si en el transcurso de las inspecciones se detectan incumplimientos de la ley de la cadena, este organismo inicia el procedimiento sancionador, a través de la instrucción de un expediente, la evaluación de la infracción cometida y, en cada caso, proponiendo la sanción correspondiente.
Asimismo, la Agencia ha precisado que un mismo expediente puede conllevar varias multas, por lo que la cifra de sanciones es superior a la de expedientes sancionadores, en función de la cantidad de infracciones que detecten los inspectores de la AICA.
A su vez, el organismo ha resaltado que el trabajo de inspección de AICA se realiza de forma continuada, por lo que los datos obtenidos varían día a día y los expedientes iniciados se encuentran en diferentes momentos administrativos. En este contexto, ha remarcado que los expedientes tardan de cinco a seis meses en resolverse, cuando la ley marca un plazo de un año para su resolución.
Por otro lado, la Agencia ha indicado que el análisis territorial de su actividad incluye también las denuncias por venta “a pérdidas”, práctica prohibida por la ley de comercio minorista y en la que este organismo no tiene competencias, por lo que remite las actuaciones al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
