A su reivindicación se sumaron UGT y CCOO de Andalucía, cooperativas olivareras, ayuntamientos y otros organismos sociales y entidades vinculadas con el sector.
La cabecera de la protesta, que partió las 10:30 de la mañana de la Avenida de la Palmera, avanzó con paso firme, entre gritos de protesta y ruido de silbatos a lo largo de toda la avenida, hasta llegar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo, donde representantes de ambas organizaciones agrarias entregaron un manifiesto con las reivindicaciones del sector.
Posteriormente, los manifestantes continuaron su recorrido hasta la Plaza de España, deteniéndose ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía, donde una representación de la protesta también entregó el manifiesto que resume las reivindicaciones del sector. Finalmente, Miguel Cobos y Miguel López, secretarios generales de UPA y COAG de Andalucía, respectivamente, subrayaron la problemática que atraviesa el sector olivarero y reclamaron las medidas necesarias para poner fin a la situación actual.
Los manifestantes denunciaron "el bajo precio que reciben los agricultores por su aceite de oliva, que lleva toda la campaña muy por debajo de los costes de producción y que, lógicamente, está haciendo perder muchos millones de euros a este sector estratégico para la economía andaluza, sin motivos justificados", a lo que se une que los productores "arrastran una serie de problemas y desventajas estructurales".
Por ello, reclamaron la puesta en marcha por parte de las administraciones de medidas urgentes que eviten los abusos al productor, con precios justos y estables; que la Unión Europea permita la autorregulación del sector para lograr una estabilidad dentro de los mercados y permita, por ejemplo, la retirada de producto en los momentos en los que sea necesario equilibrar la oferta y la demanda, evitando así oscilaciones importantes de precios; actualizar los precios de desencadenamiento del mecanismo de almacenamiento privado; que el olivar tradicional con bajas producciones y altos costes reciba un apoyo adicional en forma de pagos básicos y pagos acoplados provenientes de la PAC; y modificar la Ley de cadena alimentaria para prohibir y sancionar las malas prácticas como la venta a pérdidas o la utilización del aceite de oliva como producto reclamo.
También solicitaron trabajar por una mayor unidad y concentración de la oferta por parte del sector productor para optimizar la capacidad de negociación; la puesta en marcha de recursos para conseguir que el valor añadido derivado del envasado, la comercialización o la diferenciación de calidad, se quede en el sector productor; el establecimiento de contratos tipo entre productores e industria que permitan fijar precios mínimos ligados a costes de producción; poner en marcha mecanismos de control de calidad y sanciones para evitar fraudes al consumidor, así como trabajar en su formación para que sea capaz de detectar esos abusos; y que las administraciones destinen recursos para promocionar el consumo interno e internacional, y los beneficios del aceite de oliva, a través de organismos como Extenda.
