Asemasa, en un comunicado, precisa que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos adoptó el 19 de enero la medida preliminar de imponer un nuevo arancel adicional del 17,13% sobre la aceituna de mesa negra de España.
Las exportaciones de aceituna negra española a Estados Unidos suponen un 36% en volumen, con 32.000 toneladas en 2016 y un valor de 70 millones de euros al año y Andalucía produce en torno al 80% de esta variedad.
Este arancel, aunque es provisional, tiene su origen en la investigación antidumping que el Departamento de Comercio viene realizando sobre el sector de la aceituna negra de España desde el pasado 12 de julio de 2017.
El arancel es la media ponderada de los aranceles impuestos a las tres empresas del sector que el Departamento de Comercio seleccionó como representativas del mismo, subraya Asemesa. Estas empresas, que han colaborado “en todo momento” con el desarrollo de las investigaciones y sus respectivos aranceles provisionales, son los siguientes: Aceitunas Guadalquivir, SL 16,8%; Agro Sevilla Aceitunas, SCA, 14,64%; y Ángel Camacho Alimentación, SL, 19,73%.
El nuevo arancel se suma al arancel provisional medio del 4,47% que el Departamento de Comercio ya impuso sobre la aceituna de mesa negra de España el pasado 28 de noviembre de 2017, como medida preliminar derivada de su investigación anti-subvenciones.
Desmesurada agresividad
A pesar de las peticiones de los Comisarios de Comercio y Agricultura de la UE y de la colaboración prestada por todas las Administraciones y por la industria española, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha conducido sus investigaciones con una “desmesurada agresividad”, imponiendo una carga de trabajo y unos plazos de respuesta a las Administraciones y a las empresas “desproporcionados y que ha puesto al sector al borde de la indefensión”, según Asemesa.
Asemesa advierte de que estos nuevos aranceles adicionales tienen un “importante efecto directo” sobre todo el sector español, que ve amenazado la continuidad de una parte muy importante de sus exportaciones a EEUU, en beneficio de la industria californiana, que busca conservar su mercado nacional. La decisión también tendrá efectos en otros países competidores como Portugal, Grecia, Egipto, Marruecos o Turquía a los cuales no se le aplican estos aranceles. “Las exportaciones de aceitunas negras de España se sitúan alrededor de los 70 millones de euros”, explica el secretario general de Asemesa, Antonio de Mora.
Además de sus efectos directos, la aplicación de aranceles vuelve a cuestionar las subvenciones procedentes de la Política Agrícola Común de la UE. La decisión de las autoridades americanas de aplicar preliminarmente medidas anti-dumping “agrava la situación”, ya que los nuevos aranceles se añaden a los ya impuestos en el procedimiento anti-subvenciones sobre la base de la concesión de ayudas europeas, indica.
Por ello, el secretario general confía en que “las autoridades españolas y europeas, a la vista de estos nuevos aranceles, intensificarán sus esfuerzos para persuadir a las autoridades norteamericanas de lo injustificada y equivocada que es su posición recordando que cada día que pasa el daño para el sector aceitunero español es mayor y las consecuencias para todos los sectores europeos en el futuro son impredecibles”.
“En cualquier caso, a pesar de estos nuevos aranceles que son provisionales, seguimos confiados que en las decisiones finales de las investigaciones se impondrá la razón y se demostrará que las importaciones de España no causan daño material ni son una amenaza para la industria californiana cuyos problemas tienen otros orígenes muy diferentes”, añade.
Por último, y con independencia del trabajo y ayuda de tipo técnico de las Administraciones públicas involucradas en el caso, el “importante coste económico de la defensa de los intereses de todo el sector y del modelo de ayudas de la UE está siendo soportado únicamente por las empresas asociadas a Asemesa”, indica.
Con esta decisión, el Departamento de Comercio atiende la petición del sector aceitunero de California de tomar medidas contra las importaciones de España, concluye Asemesa.
Frente común
Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado esta decisión, ya que la suma de ambos aranceles encarece la exportación a ese país de tal manera que si se aplican de manera definitiva “en la práctica puede suponer la expulsión de este mercado de los productores andaluces”.
Sánchez Haro ha recordado que un procedimiento antidumping no es competencia de la Administración porque se trata de un proceso que atañe exclusivamente al ámbito empresarial, pero que aún así “continuaremos ofreciendo el máximo apoyo a las empresas denunciadas”.
A su juicio, no estamos ante una situación de competencia desleal de las compañías andaluzas, sino que su posición dominante obedece al “mayor desarrollo de nuestra industria, nuestra gran tradición exportadora y al conocimiento de los mercados exteriores” que tiene el sector.
La aplicación definitiva de estos derechos antidumping y antisubvención supondría en la práctica el cierre del mercado de EEUU para las aceitunas negras andaluzas, con lo que están en riesgo dos millones de jornales, 300 empresas y en torno a 8.000 trabajadores y trabajadoras fundamentalmente de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla. Estas medidas podrían prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga (posibilidad que recoge la legislación norteamericana) y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.
La gravedad del proceso antisubvención abierto por el Departamento de Comercio de EEUU ha llevado a que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural esté trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa). Este frente común, que ha sido secundado por las organizaciones agrarias andaluzas (Asaja, COAG y UPA) y por Cooperativas Agro-alimentarias, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, que defiende la legalidad de estas ayudas.
