Los riesgos para la industria agroalimentaria de un Brexit sin acuerdo

En el supuesto de una ruptura sin acuerdo entre la UE y Reino Unido, se presenta un escenario incierto que puede conllevar la pérdida de bienestar de los ciudadanos y un impacto negativo para las economías de ambas partes.

Según el responsable de Derecho Alimentario de Ainia, José María Ferrer, “existen cuestiones clave cuyo análisis detenido debería llevar a realizar todos los esfuerzos posibles por llegar a puntos de consenso. De lo contrario, podríamos retroceder en cuestiones que estaban bien resueltas y funcionaban”.

En cuanto a los controles oficiales de alimentos, Ferrer explica que "nos podemos encontrar con un panorama desalentador, dado que por una parte la Unión Europea exigirá a los productos de Reino Unido el cumplimiento de sus límites en residuos de plaguicidas, contaminantes, parámetros microbiológicos, etc. Y, por la otra parte, Reino Unido puede plantear sus propias exigencias dando lugar a un enfrentamiento comercial a cuenta de los parámetros que se exijan a un lado y otro del Canal de la Mancha”.

En este sentido, puede haber una alteración de la logística de distribución y transporte; nuevos trámites y aranceles en sanidad exterior, sanidad vegetal, calidad comercial…”donde -subraya Ferrer- los grandes perjudicados serán la industria y sobre todo, los ciudadanos”.

En materia de calidad diferenciada (alimentos con DOP o IGP), este experto destaca que “Reino Unido podría obviar el particular régimen jurídico que los alimentos con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica tienen en el seno de la Unión Europea, y aplicar las mismas reglas que a los productos normales, lo que supondrá un grave perjuicio para estos alimentos".

Asimismo, es previsible la imposición de medidas proteccionistas y aranceles que encarecerán algunos productos y limitarán la capacidad exportadora de algunos sectores claves agroalimentarios en nuestro país.

Respecto al etiquetado e información a los consumidores, las autoridades británicas, en caso de desacuerdo con la UE, podrán proponer legislación específica en materia de etiquetado y esto dará lugar a una dificultad importante a la hora de exportar alimentos a Reino Unido. En este sentido, el responsable de Derecho Alimentario de Ainia apunta que “todo lo ganado y armonizado hasta este momento, desde la aprobación del Reglamento 1169/2011, puede sufrir algún retroceso”.

“En ésta hipótesis está por ver si optarían por un sistema parecido al actual de la UE o propondrían una regulación en la línea de otros países anglosajones, como los Estados Unidos”, añade Ferrer.

Para este experto, “tenemos que confiar en que al final tengamos un Brexit con acuerdo, puesto que en ese escenario todo resultará más sencillo. Si hay acuerdo, se mantendrá el actual estatus quo a la hora de aplicar la legislación alimentaria, facilitando de este modo la desconexión de Reino Unido y la Unión Europea”.