España, junto con Francia y Portugal, y con el apoyo de otros 14 Estados Miembros, defendió ayer una mayor ambición en el diseño de la próxima Política Agraria Común (PAC), para reforzar su autonomía, coherencia y visibilidad dentro del entramado legislativo comunitario. Durante su intervención en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, resaltó -en representación de un total de 17 Estados Miembros- que "la PAC debe seguir siendo la piedra angular de la seguridad alimentaria, del mantenimiento de un medio rural vivo y de la cohesión territorial de la UE, especialmente en un contexto de gran incertidumbre geopolítica, climática y económica".
Para el ministro, la PAC necesita ser “una política autónoma y sólida, con dotación suficiente, capaz de responder a prioridades como seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y climática, rentabilidad de las explotaciones y relevo generacional”.
De forma concreta, España apoyó ir más allá de la propuesta inicial de la Presidencia chipriota, que considera "positiva pero insuficiente", para trasladar al reglamento específico de la PAC y al reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) todas las disposiciones esenciales sobre política agraria, que actualmente se incluyen en el Reglamento de Planes Nacionales y Regionales, y que se debatan y decidan en el seno de los órganos sectoriales específicos, como el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca.
Planas puso como ejemplo que no tiene sentido que sea el Consejo de Asuntos Generales quien decida cuestiones como la definición de agricultor activo, es decir, quien tiene derecho o no a percibir las ayudas de la PAC, en lugar de en los órganos de ámbito agrario. “No es una cuestión de ministros, sino por respeto a nuestros agricultores, ganaderos y al medio rural”, matizó, al tiempo que recordó que para el actual marco el único concepto en el que intervino el Consejo fue en el capping (tope máximo de las ayudas directas), figura que sólo España ha aplicado.
Respecto a la propuesta de reglamento de la Presidencia chipriota, consideró que “el trasvase debe ir más allá de los artículos identificados e incorporar de manera coherente todos los elementos esenciales que articulan la PAC”. Ello, según precisó el ministro, reforzaría la coherencia, la visibilidad y la seguridad jurídica del conjunto del marco, sin poner en cuestión la estructura financiera general.
Este paso de artículos permite que los textos sean más claros para los agricultores y administraciones, evita duplicaciones y referencias cruzadas. Además, “garantiza”, según el ministro, que “los debates sobre todos los aspectos de la PAC se mantengan en los foros y grupos de trabajo sectoriales”, que “han demostrado su eficiencia y profesionalidad a lo largo de la historia de la PAC”.
Prácticas comerciales desleales
España agradeció a la Comisión Europea el informe sobre prácticas comerciales desleales y consideró que abre la puerta a “una reforma ambiciosa que refuerce la coherencia y eficacia del marco europeo, sin menoscabar las normativas nacionales más avanzadas”.
También apuntó que en “España la legislación ha fortalecido la protección de los eslabones más débiles e incorporado los costes de producción como elemento esencial en la negociación de precios”.
De cara a futuras modificaciones, defendió ampliar la protección a todos los operadores y relaciones comerciales, reforzar la obligatoriedad de contratos por escrito, publicar sanciones con carácter disuasorio e incorporar nuevas prácticas desleales, con especial atención a los riesgos derivados de la creciente concentración del poder de compra.
Mecanismo europeo de reaseguro
Frente a las intensas borrascas que han afectado a varios Estados Miembros, Planas recordó que los seguros agrarios son esenciales para gestionar riesgos. Sin embargo, "ante fenómenos catastróficos de gran magnitud, la sostenibilidad de los sistemas nacionales puede verse comprometida y producirse incrementos significativos de las primas", añadió.
Por ello, España respaldó la propuesta presentada por Portugal para crear un mecanismo europeo de reaseguro que se active en situaciones excepcionales y contribuya a cubrir parte de la siniestralidad extraordinaria conforme a criterios objetivos basados en series históricas.