PAC

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, reafirmó la apuesta de la Xunta por el fomento de la calidad de la producción agroalimentaria gallega y avanzó que desde la Consellería apoyarán los cultivos emergentes como el olivo con ayudas más específicas en el próximo período de la PAC 2028-2034.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la unidad de acción de Gobierno y sector agrario de cara a mantener el papel estratégico y esencial de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual. Para ello, España defenderá que "sin un presupuesto adecuado, al menos el mismo que en el periodo anterior, la PAC se desnaturaliza. Los Estados Miembros no lo debemos permitir", según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Jaén han convocado en unidad de acción a los agricultores y ganaderos jiennenses a manifestarse el próximo 29 de enero ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén. La concentración será a las 12:00 horas y contará con tractores y todoterrenos llegados desde los municipios de los alrededores, secundando las protestas convocadas a nivel nacional.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió ayer el Comité de Dirección del Departamento para fijar las líneas estratégicas del "Plan de trabajo para 2026". Entre ellas destaca la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), la Política Agraria Común (PAC), la Ley de Agricultura Familiar y Profesional y el plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el mundo.

El Copa-Cogeca movilizó ayer en Bruselas a 10.000 agricultores procedentes de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea (UE) "en una marcha pacífica, enviando un mensaje claro y unánime a las instituciones europeas: los tres grandes desafíos a los que se enfrenta la agricultura son comunes en todo el continente y el momento de actuar es ahora".

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las gestiones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para tramitar el pago de cerca de 310 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC), subvenciones que se reparten entre alrededor de 194.000 agricultores y ganaderos de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural acogió ayer la reunión anual del Consejo Andaluz del Olivar coincidiendo con el Día Mundial del Olivo. El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez Galera, presidió este encuentro de representantes del sector que "sería el sector más perjudicado si no se modifica el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 y los reglamentos de la nueva Política Agraria Común (PAC) publicados por la Comisión Europea".

El 18 de diciembre se espera que se congreguen en Bruselas alrededor de 10.000 agricultores con el fin de denunciar "la estrategia cada vez más prevalente de la UE, que puede caracterizarse de cortina de humo por su enfoque engañoso y poco transparente en materia agrícola", según ha informado el Copa-Cogeca, entidad que representa a los agricultores y cooperativas europeas.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, realizó los días 21 y 22 de noviembre una visita oficial a Sevilla, donde se reunió con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; y diversos representantes nacionales y autonómicos del sector agrario.

La Presidencia del Consejo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para simplificar la Política Agraria Común (PAC). El objetivo es impulsar la competitividad de la agricultura europea reduciendo la burocracia, apoyando a los agricultores -incluidos los pequeños agricultores y las nuevas empresas-, fomentando la innovación e impulsando la productividad.

La Comisión Europea (CE) ha avanzado más detalles de su propuesta para la Política Agrícola Común (PAC) después de 2027, estableciendo un marco "más simple y equilibrado" diseñado para fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de la agricultura europea entre 2028 y 2034.

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha tomado conocimiento de las gestiones realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para iniciar el abono del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2025. En concreto, el adelanto asciende a cerca de 715 millones de euros, cantidad que se corresponde con el 70% del total de subvenciones que recibirán los agricultores y ganaderos andaluces en el ejercicio 2025. El montante global del anticipo contempla también pagos directos asociados a los agricultores como, por ejemplo, las ayudas al olivar con dificultades específicas (cerca de 9,5 millones de euros).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) adelantará a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre un total de 2.563 millones de euros a los organismos pagadores de las Comunidades Autónomas que han solicitado fondos para realizar el pago de los anticipos a los beneficiarios de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a las solicitudes de ayuda presentadas en 2025.

El Consejo de Ministros aprobó ayer a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) un Real Decreto por el que se modifican diversas disposiciones sobre la Política Agraria Común (PAC) para mejorar algunos aspectos, tras tres años de aplicación desde su última reforma, que implican diversos ajustes técnicos y una mejora en su contenido. Estas mejoras forman parte de las modificaciones del Plan Estratégico de la PAC consensuadas con todas las Comunidades Autónomas y aprobadas por la Comisión Europea el pasado 18 de agosto.

El Parlamento Europeo (PE) fijó ayer su posición sobre las nuevas normas destinadas a restablecer unas relaciones de poder equilibradas en la cadena de suministro agroalimentario. Los eurodiputados apoyan la obligatoriedad de firmar contratos escritos para las entregas de productos agrícolas. Sin embargo, proponen que los Estados Miembros puedan eximir a sectores específicos de esa obligación a petición de una organización que represente al sector.