La portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, ha informado de que para el sector agrícola y ganadero se destinarán ayudas de hasta 2 millones de euros, que se concretan en 3.000 euros por hectárea perdida en cultivos permanentes, como el cerezo, el olivo y el castaño. Para las explotaciones ganaderas, se contemplan 500 euros por unidad de ganado mayor perdida, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de vallados dañados.
La portavoz ha indicado también que los beneficiarios de estas ayudas no necesitarán presentar una solicitud para acceder a las mismas, sino que "saldrá un listado provisional de los beneficiarios en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) 10 días después de publicarse el decreto".
Junto a las ayudas directas, Manzano ha informado también de la puesta en marcha de una línea de préstamos de hasta 60.000 euros por beneficiario, que contarán con la bonificación del 100% de los intereses.
Declaración de zona de actuación urgente
Junto a estas acciones, Manzano ha informado de la declaración como Zona de Actuación Urgente (ZAU) de los terrenos afectados por los incendios de Caminomorisco y Jarilla. Esta calificación permitirá "comenzar en los próximos días los trabajos de recuperación en 21 municipios de la región, 18 de ellos en el perímetro de Jarilla, con 17.368 hectáreas afectadas". Se trata de Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Jarilla, Gargantilla, Casas del Monte, Villar de Plasencia, Tornavacas, El Torno, Oliva de Plasencia, Segura de Toro, Plasencia, Rebollar, La Garganta, Valdastillas y Aldeanueva del Camino.
En cuanto al fuego en Las Hurdes, los tres términos municipales con terrenos declarados como ZAU son Caminomorisco, Pinofranqueado y Nuñomoral.
Las actuaciones consistirán en retirar los árboles quemados y tratar el suelo para reducir el riesgo de erosión y frenar el arrastre de cenizas. Para acometer estas tareas, y según ha detallado Manzano, "vamos a pedir financiación al Gobierno central por 2.000.000 de euros".
Modificación legislativa
La portavoz del Ejecutivo también ha indicado que el decreto-ley aprobado contempla la modificación de varias leyes que afectan a la protección del entorno y la prevención contra incendios. Entre ellas, está la Ley de Protección Ambiental, que se modifica para integrar el mundo rural en los procesos de protección, dos ámbitos que, a su juicio, "no deben estar reñidos".
Los cambios en la Ley Agraria persiguen que las "infraestructuras productivas preventivas contra incendios tengan la consideración de terreno forestal, algo que permitirá plantar especies agrícolas en montes públicos y diseñar un nuevo mosaico del paisaje, que resulta vital para prevenir los incendios". También se simplifican los permisos destinados a realizar tareas forestales.
Asimismo, el nuevo decreto-ley recoge la exigencia de un plan de prevención de incendios, que deberá ser validado por la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, para las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en la región. En relación con la Ley de Montes, Elena Manzano ha precisado que se ha solicitado al Gobierno central la modificación de la misma, concretamente para que se "elimine la prohibición de cambio de uso forestal durante los 30 años siguientes al incendio forestal en el caso de que este se haya debido a causas naturales".