Las nuevas normas tienen como objetivo aumentar la agrobiodiversidad, apoyar la conservación y las variedades adaptadas localmente, y proporcionar mayor flexibilidad para los diferentes usos por parte de obtentores, otros operadores profesionales y no profesionales.
Asimismo, buscan garantizar que el material de reproducción vegetal comercializado en la UE sea de alta calidad y fiable, y esté adaptado a los retos medioambientales y climáticos a los que se enfrenta Europa.
La propuesta sustituye varias directivas sectoriales existentes por una única normativa armonizada para crear un sistema más flexible, propicio para la innovación y resiliente desde el punto de vista ambiental. Las nuevas normas buscan crear un conjunto de reglas más sencillas y claras en toda la UE, reduciendo las divergencias en su aplicación y garantizando la igualdad de condiciones; apoyar el progreso científico y tecnológico, permitiendo el uso de herramientas digitales, técnicas biomoleculares y métodos de producción no contemplados en la legislación original de la década de 1960; y reducir la carga administrativa para las autoridades competentes y los operadores mediante procedimientos armonizados, responsabilidades más claras y documentación digital.
También persigue garantizar la disponibilidad de materias primas agrícolas de alta calidad adaptadas a las condiciones agrícolas y ambientales cambiantes, permitiendo una adopción más rápida de variedades adaptadas al cambio climático, las plagas y las enfermedades; promover la seguridad alimentaria y de piensos, salvaguardar los recursos fitogenéticos y proteger la biodiversidad, incluso mediante normas más flexibles para la conservación y variedades adaptadas localmente y materias primas agrícolas destinadas a la producción ecológica; y mejorar la coherencia con la legislación de la UE en materia de sanidad vegetal y controles oficiales, integrando más estrechamente la gestión de riesgos fitosanitarios en el marco de control horizontal de la UE y reforzando la trazabilidad.
Según el Consejo, el acuerdo garantiza enfoques más prácticos y menos engorrosos tanto para las autoridades nacionales como para los operadores profesionales. Se concluyó que el examen de nuevas variedades para determinar su valor para el cultivo y uso sostenibles seguirá siendo obligatorio para las plantas agrícolas (excepto el césped), la patata y la vid.
Asimismo, contempla una solución equilibrada en materia de controles oficiales, al excluir el registro de variedades del ámbito de aplicación del reglamento sobre controles oficiales y conceder otras exenciones horizontales más específicas para evitar trámites burocráticos innecesarios. Además, perfecciona las normas sobre las excepciones, manteniendo estas áreas dentro del ámbito de aplicación del reglamento con una normativa más flexible.
El acuerdo provisional deberá ser ratificado por el Consejo y el Parlamento antes de su adopción formal y entrada en vigor, pero no comenzará a aplicarse hasta cuatro años después.