Cooperativas Agro-alimentarias de España ha considerado que las ultimas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo sobre la denominada arquitectura verde deben tener en cuenta la sostenibilidad del sector agrario europeo, no sólo medioambiental, sino también desde el punto de vista económico y social. "Creemos que la Comisión Europea debe jugar un papel de mediador entre las posiciones del Consejo y del Parlamento y no intentar imponer posiciones que van más allá de su propuesta de 2018", ha asegurado.
A su juicio, "las cooperativas están plenamente comprometidos con los objetivos del Pacto Verde, pero no podrán cambiar el modelo de producción sostenible con la imposición de medidas imposibles de llevar a la práctica, políticas incoherentes entre sí y con una reducción continua de recursos". A pesar del bloqueo de las negociaciones por la arquitectura verde, cree que el Trilogo ha hecho progresos en temas importantes para España como ampliar el sistema de frutas y hortalizas basado en organizaciones de productores para otros sectores, la ampliación de autorizaciones de plantación de viñedo hasta 2045, la ampliación del artículo 167 de la OCM única para el sector del aceite de oliva y alguna ampliación de medidas sobre la gestión de mercados.
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha propuesto desde el principio de la negociación que se diseñen medidas que mejoren la concentración de oferta, fomenten el cooperativismo y medidas públicas de gestión de crisis y ha hecho un llamamiento al Trilogo para que las importaciones a la UE cumplan los mismos requisitos que los productores europeos y unos mecanismos de gestión de crisis junto con una reserva de crisis ágil y eficaz.
Por su parte, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha recordado que, cuando se habla de nuevas ambiciones climáticas y medioambientales, los agricultores ya están sometidos y asumen numerosos e importantes compromisos en esta materia en la actual PAC, por lo que los nuevos esfuerzos deben ser debidamente justificados, incentivados y remunerados, porque, según ha indicado el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, “es difícil ser más verde cuando los números cada vez son más rojos para el agricultor y ganadero”.
En este sentido, desde esta organización han resaltado que ante la reducción de los fondos de la PAC –que se acordó en el pasado Consejo de julio de 2020-, la creciente competencia internacional y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que lidera la UE, "los agricultores deberán realizar nuevos e importantes esfuerzos para cumplir con todas las exigencias".
Asaja ha subrayado el compromiso de los agricultores con los europeos y la PAC y sus buenos resultados. "Al contrario de lo que desde otros colectivos se ha atacado insistentemente y sin fundamento, los compromisos de nueva PAC post 2023 no se trata de un blanqueamiento ecológico, sino un desafío importante tanto para las pequeñas como las medianas y grandes explotaciones", ha añadido.
A su vez, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su rotundo rechazo a que se destinen un 25% de las ayudas de la PAC a los eco-esquemas porque en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios.
La organización ha consoderado "inquietante" que, con estos planteamientos, la PAC se aleje de su verdadero objetivo: producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos. “Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa”, ha subrayado el secretario general de la organización, Miguel Blanco.
Además, COAG se ha referido a "las serias contradicciones" de la UE en este sentido. Así, "el sector agrario está obligado a asumir las estrategias europeas (Paquete Verde y estrategia "De la Granja la Mesa") y adaptar sus producciones a los más altos estándares de calidad y respeto medioambiental, para lo que correspondería indefectiblemente reforzar el presupuesto de la PAC. Al contrario, ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para periodo 2021- 2027. Ello supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados", ha explicado.
Finalmente, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha lamentado que las negociaciones no hayan llegado “a buen puerto”, pero ha reconocido que aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente a las explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión.
Para la organización, el techo máximo de ayudas es una de las claves para el futuro de la PAC. “¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?”, ha reflexionado, al tiempo que ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no dé ni un paso atrás en la exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. En su opinión, esta ayuda debe servir para lograr la ansiada "justicia social" en las ayudas al campo que vienen de Europa.
Sobre la llamada condicionalidad social de las ayudas, UPA cree que los derechos laborales deben cumplirse todos “sí o sí”, por lo que vincular la percepción de una ayuda al cumplimiento de derechos es una “incongruencia”.