Arias Cañete defiende la ley para determinar la representatividad de las OPAs

Según Arias Cañete, “es la primera vez que se regula un procedimiento para medir la representatividad de estas organizaciones de manera directa, en el ámbito nacional. No existe precedente alguno en este sentido". También explicó que esta representatividad se articulará mediante una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional.

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados para defender este proyecto de ley, Arias Cañete detalló que esta norma “articula un procedimiento democrático de determinación del peso representativo real de las organizaciones profesionales agrarias, para establecer una interlocución ponderada con la Administración General del Estado, en el seno del Consejo Agrario, para garantizar los intereses de los agricultores y ganaderos en la formulación de las políticas y estrategias nacionales”.

Además, el Ministro señaló que este Gobierno reconoce “la trascendencia y el valor del trabajo” que las OPAs desempeñan en defensa de los intereses generales de los agricultores. Prueba de ello “son las más de cien reuniones mantenidas, hasta la fecha, con los altos cargos del Departamento, incluidas las siete convocatorias del Comité Asesor creado en la pasada legislatura, pero que este Gobierno reunió por primera vez”.

Por este motivo, Arias Cañete explicó que resulta imprescindible potenciar los mecanismos de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias para que “quienes ejerzan la representación de todos los que desarrollan una actividad agrícola y ganadera lo hagan con la legitimidad necesaria, y se puedan cumplir, además, los principios de transparencia y participación propios de una Administración democrática consolidada”.

Peso representativo real

Por otra parte, Arias Cañete recalcó que lo que pretende regular el proyecto “no es un proceso electoral propiamente dicho, sino una consulta para conocer el peso representativo real de cada organización profesional, mediante un proceso igualitario y transparente”.

A su juicio, el modelo actual de la ley de 2009 no permite obtener datos fiables sobre la realidad de las organizaciones profesionales agrarias. “Cuando las elecciones no se celebran simultáneamente o, incluso, no se celebran, ni se aplican criterios homogéneos en las distintas Comunidades; cuando varían los censos y no son siempre lo suficientemente amplios, sencillamente no es posible medir la representatividad de estas organizaciones, ni establecer una interlocución ajustada, en la que tenga voz el conjunto de las explotaciones agrarias españolas”, detalló.

En la situación actual, el Ministro recordó que tan sólo Castilla y León, Cataluña y Madrid han convocado elecciones con regularidad (la mayoría de legislaciones autonómicas que prevén elecciones cada cuatro años), otras ocho no las convocan desde 2002 -Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia- y en otras seis no hay elecciones a Cámaras Agrarias desde 1978.

“De hecho, en el modelo actual, las Comunidades miden la representatividad en su territorio cuando lo estiman oportuno y si así lo deciden, pero no existen los requisitos necesarios para medir la representatividad en el ámbito estatal”.

“Así, el Estado no tiene conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la representatividad de estas organizaciones en el territorio nacional. Y, sin ese conocimiento, no se puede establecer una interlocución adecuada, que garantice que el sector agrario tiene la participación y el poder de decisión que le corresponde”, manifestó.

“A falta de un criterio objetivo, lo que se ha hecho tradicionalmente es otorgar una representatividad a partes iguales entre las organizaciones de ámbito nacional”, añadió.

Consulta directa y simultánea

El titular de Agricultura apuntó que este proyecto de ley establece “un procedimiento de consulta directa y simultánea, en todo el territorio nacional, basado en principios de transparencia y objetividad, con criterios comunes en toda España y garantía de convocatoria periódica, cada cinco años, por el Ministerio de Agricultura”.

La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto, de forma presencial en las mesas o mediante voto por correo. Habrá mesas de consulta en cada capital de provincia y tantas otras como sean necesarias en función del censo de la demarcación provincial. Y, en ningún caso, abarcarán más de 1.400 electores, para garantizar un fácil acceso en todo el territorio.

Como principio básico del proyecto, Arias Cañete recalcó la ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura. “Serán electores las personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en él, por igual para toda España. Se trata, por tanto, de reforzar la legitimidad del resultado, evitando exclusiones de la participación en la consulta. Además, se publicará el censo, que podrá subsanarse en su caso, para contar con las máximas garantías de imparcialidad y rigor”.

En cuanto a las candidaturas, serán publicadas en la página web del Ministerio de Agricultura, al igual que la ubicación de las mesas y las localidades que agrupará cada mesa. Concluido el proceso, los resultados implicarán el reconocimiento de organización “representativa” a toda organización profesional que obtenga votos en el proceso, independientemente del número obtenido.

En cuanto a las organizaciones “más representativas”, el Ministro señaló que serán las que obtengan, al menos, un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis Comunidades Autónomas, al menos un 5% de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas.

Las OPAs que obtengan la consideración de “más representativas” participarán en el Consejo Agrario, que sustituye al antiguo Comité Asesor Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio, y cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés agrario y rural. La representación de las organizaciones profesionales en este Consejo –con un total de 10 puestos– será proporcional a los resultados obtenidos en la consulta.

Las funciones del Consejo serán informar los proyectos normativos en materia de agricultura y desarrollo rural, informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal, y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario; formular recomendaciones para la adopción de medidas, y efectuar sugerencias sobre políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios.

La Ley garantiza la celebración de, al menos, una reunión ordinaria del pleno cada seis meses, además de tantas como sean necesarias con carácter extraordinario, rompiendo así con la ausencia de reuniones del anterior Comité Asesor que se produjo hasta 2011.

Por último, el proyecto de ley establece que la representatividad obtenida por las organizaciones profesionales también sea tenida en cuenta en la concesión de subvenciones del Ministerio de Agricultura para el desarrollo de actividades de representación y colaboración ante la Administración del Estado.