MEDIO AMBIENTE: La industria aceitunera culpa a la Junta de engañar sobre las balsas

Cuatro años después de la rotura de la balsa minera de Boliden Apirsa en Aznalcóllar (Sevilla), el Ejecutivo andaluz aprobó un decreto para endurecer el control de todos los depósitos de residuos. El pasado 12 de julio, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció que el Consejo de Gobierno había aprobado una modificación de dicha norma, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Pesca, para excluir de ellas las balsas agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) ha denunciado que los cambios legislativos no afectan a la mayoría de los depósitos de este sector por su tamaño, por lo que no quedarán eximidos de las obligaciones que impone el decreto de 2002 para las instalaciones industriales y mineras. El decreto de 12 de julio por el que se aprueba la modificación de la anterior norma señala que la aplicación de esas medidas ha puesto de manifiesto que "la mayor parte de los depósitos de las almazaras e industrias de aderezo de aceitunas, ni por volumen de efluentes, ni por la peligrosidad de los mismos, deben estar sometidos al mismo régimen que los de otras actividades industriales con mayor riesgo ni, por tanto, estar incluidas en las mismas condiciones en su ámbito de aplicación" . Esta misma idea también fue defendida por Zarrías en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 12 de julio. Sin embargo, en el artículo 2 de la nueva norma también se recoge que los depósitos agrícolas que cambiarán de régimen de control tendrán, entre otros requisitos, una capacidad de almacenamiento inferior a 5.000 metros cúbicos y "la gran mayoría de las balsas de las empresas de aceituna de mesa son mayores" , denuncia Antonio Mora, director gerente de Asemesa. Según Mora, una balsa de menos de 5.000 metros cúbicos es una "piscina pequeña, de ahí que nos moleste que el Gobierno diga que estamos excluidos del decreto de 2002 cuando no lo estamos". "Es irracional y absurdo que reconozcan que nuestras balsas no son peligrosas y, no obstante, el articulado del decreto no lleve a la práctica lo que pregonan" , criticó el responsable de Asemesa, quien apuntó que el Gobierno "ha engañado" en sus informaciones. Para el sector de la aceituna de mesa, formado por más de 200 empresas en Andalucía, una de las razones para la exclusión de esta actividad del decreto de 2002 es que los residuos que almacenan no son peligrosos. Muestra de ello, apuntó Mora, es que la propia Consejería de Agricultura colabora en un proyecto para usar el contenido de las balsas para regar olivares. "El nuevo decreto –según el director gerente– quizás sí afecte a los depósitos de alpechín u orujo, pero no a los de la industria de la aceituna de mesa, aunque estos sean inofensivos, como recoge la propia exposición de motivos del nuevo decreto de la Junta" .