Oposición de los ecologistas a la nueva modificación de la Ley de Aguas

El Consejo de Ministros aprobó, el 26 de agosto y “por sorpresa” según apuntan desde varios colectivos como Ecologistas en Acción, un Real Decreto Ley por el que se reforma el Texto Refundido de la Ley de Aguas para que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de "policía de dominio público hidráulico", tal y como explicó el Gobierno en un comunicado. Según la norma, las cuencas hidrográficas intercomunitarias y el ejercicio de sus funciones -descritas en el apartado 2 del artículo 94 de la citada Ley de Aguas- corresponderá a las Comunidades Autónomas que tengan prevista la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico en sus Estatutos de Autonomía. Así, el citado comunicado apunta que “en el ejercicio de estas funciones será aplicable a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 94 de la Ley de Aguas”. En este contexto, hay que recordar que los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón y Catalunya incluyen como competencias ejecutivas a asumir por las mismas las relativas a la policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación estatal. En este contexto, las cinco ONGs ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del MARM, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra rechazan la modificación de la Ley de Aguas al considerar que es “anticonstitucional, rompe la unidad de cuenca y presenta graves irregularidades formales”, tal y como explican en un comunicado. Por ello, las ONGs exigen la retirada del Real Decreto Legislativo y un debate público sobre la política de aguas. Como decimos, la reforma, inicialmente será aplicable para Cataluña, Aragón y Andalucía al tenerlo previsto en sus estatutos. “Se trata de una reforma que tenía que haber sido debatida preceptivamente en el Consejo Nacional del Agua y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente”, asegura el texto de los ecologistas, que añade que la modificación supone ceder a las Comunidades Autónomas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias, corresponden a las Confederaciones hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, quedando por tanto el cumplimiento de las políticas de agua en las Comunidades Autónomas. A juicio de las ONG ecologistas “se trata de un paso más del gobierno para desmantelar cualquier posibilidad de una política estatal de agua”. Las ONGs también critican la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el Real Decreto Legislativo que la Constitución sólo reserva para asuntos “de extraordinaria y urgente necesidad”. Debido a que las Cortes tienen que refrendarlo en un plazo inferior a 30 días, las ONGs solicitarán a los grupos parlamentarios que se opongan a esta modificación y que defiendan la competencia exclusiva de la Administración General del Estado en la policía del Dominio Público Hidráulico en las cuencas intercomunitarias. En cualquier caso, en el punto de aprobarse en las Cortes, las ONGs anuncian que acudirían al Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional. Para más información, pueden suscribirse a nuestro Newsletter Semanal impreso "Mercacei" y/o al Club Mercacei en el Club Mercacei.