El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

El Pleno del Congreso dio luz verde ayer a la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, tras la aprobación de las enmiendas incorporadas por Senado al texto remitido en su día por el Congreso de los Diputados, con lo que concluye la tramitación parlamentaria de esta iniciativa y queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor. Con esta nueva norma se busca mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Al mismo tiempo, la ley reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, lo que redundará en beneficio tanto del sector como de los consumidores, según destacó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) en un comunicado. Para lograr sus objetivos, la Ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena. Con dichos contratos, que se formalizarán antes del inicio de las prestaciones, se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En ellos se deberán incorporar los elementos esenciales de los mismos, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración, pactados libremente por las partes. En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las clausulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación. Además, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e incluso expresamente incluidos en el correspondiente contrato. En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Sobre la gestión de marcas, la norma establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal. Autorregulación Por otra parte, la autorregulación de las relaciones comerciales se basa en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Magrama junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución. Dicho código, que será de adhesión voluntaria, cuenta también con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad y de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio nacional. Para ello, se va a establecer un Registro Estatal, que agruparía a todos los operadores de la cadena que se adscriban a este código. No obstante, la Ley prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena, que también podrían inscribirse en el Registro Estatal. Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas. Régimen de control Por otra parte, la norma establece un control administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva. En general, la nueva agencia desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente. Por último, la Ley incorpora mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas para garantizar la Unidad de Mercado. Cambio estructural La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) mostró su satisfacción ante la aprobación de esta Ley que, en su opinión, recoge las principales aspiraciones de la industria de alimentación y bebidas en el ámbito de las relaciones comerciales. En este sentido, la Federación destacó que la nueva norma abarca los instrumentos esenciales para equilibrar la cadena alimentaria, que permitirán establecer un nuevo ámbito de creación de valor, desterrando prácticas abusivas y anticompetitivas, haciendo más transparentes las relaciones comerciales y aportándoles la seguridad jurídica que necesitan. “Nos encontramos frente a un cambio estructural que habrá de beneficiar al conjunto de la economía alimentaria, incluido al consumidor”, apuntó el director general de FIAB, Horacio González Alemán. Establecido este modelo, la Federación cree que se abre una fase crucial de desarrollo de la Ley en varios de sus apartados, como son el establecimiento de buenas prácticas, la puesta en marcha de organismos como el Observatorio de la Cadena Alimentaria o la Agencia de Control Alimentario, y el procedimiento para la realización de estudios y análisis comparativos. González Alemán señaló que “la conjunción de todas estas herramientas deberá permitir el cambio efectivo hacia una nueva cadena alimentaria, algo en lo que la industria de alimentación y bebidas, a través de FIAB, pondrá todo su empeño y colaboración con el Ministerio de Agricultura”. Igualmente, FIAB consideró que este sistema mixto de obligaciones legales y de desarrollo a través de acuerdos con los agentes de la cadena, que establece la nueva Ley en España, es un modelo único en la Unión Europea, que debe ser el que inspire a la Comisión Europea para configurar el sistema comunitario. Para más información, pueden suscribirse a nuestro Newsletter Semanal impreso "Mercacei" y/o al Club Mercacei en el Club Mercacei.