La Junta de Andalucía, OPAs y Faeca acuerdan el rechazo a la última propuesta ministerial sobre el reparto de las ayudas PAC

A falta de cinco días para que se celebre la Conferencia Sectorial en la que debe quedar definitivamente cerrado el modelo de aplicación de la nueva PAC en España, las organizaciones agrarias y la Consejería se reafirmaron en mantener la línea de consenso por la que se han guiado siempre ante una negociación tan determinante para el futuro de la agricultura andaluza.

El acuerdo se suscribió tras la reunión de la Mesa de Interlocución celebrada en Sevilla y en la que la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, informó con detalle sobre la última propuesta que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entregó el pasado lunes; y que supondría una pérdida de entre 458 millones y 724 millones de euros para los próximos siete años en el volumen de ayuda que actualmente reciben los agricultores y ganaderos andaluces, y que la Junta considera "inaceptable".

En el manifiesto, la Consejería y las organizaciones agrarias consideran “irrenunciable el mantenimiento del importe total de la ficha financiera de ayudas directas percibidas por los agricultores y ganaderos andaluces en el periodo 2007/13, así como el presupuesto total percibido por la Comunidad Autónoma en concepto de desarrollo rural”. Este principio "irrenunciable" de mantenimiento de la actual ficha financiera ya estaba recogido en el primer acuerdo que la Consejería y las organizaciones agrarias firmaron en marzo de 2011 sobre una posición común ante la reforma de la PAC.

Asimismo, se “rechaza la propuesta presentada sobre desacoplamiento y ayudas asociadas”, ya que el Ministerio "no ha atendido la petición de Andalucía de que se apliquen este tipo de ayudas, pensadas para sectores con especiales dificultades o en peligro de desaparición a cultivos tan representativos en la comunidad autónoma como el olivar en pendiente, los frutos de cáscara o la uva pasa".

Además, en el documento se pide al Ministerio que para el reparto de los fondos del segundo pilar (desarrollo rural) se tengan en cuenta los índices de desempleo en las zonas rurales y se utilice el indicador de población rural establecido en la Ley de Desarrollo Sostenible o la metodología OCDE a nivel municipal.

Este manifiesto firmado ayer será la posición que la Consejera llevará a la Conferencia Sectorial que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 y en la que está previsto que se cierre definitivamente el modelo de aplicación de la PAC en España.

Víboras emplazó al Ministerio a ser más flexible porque "aún hay margen para llegar a un acuerdo" e insistió en que “hasta el último momento la Junta mantendrá la disposición al diálogo y hará todos los esfuerzos posibles por conseguir el consenso como ha hecho siempre en todo este largo proceso”. “Nosotros no hemos cambiado, quien lo ha hecho es el Ministerio”, lamentó.

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