OPAs y Cooperativas consideran “un paso atrás inaceptable” la nueva normativa sobre “venta a pérdidas”

En un comunicado conjunto, las organizaciones agrarias y cooperativas creen que se ha dado un “paso hacia atrás inaceptable” en la eliminación de esta “perniciosa” práctica, al tiempo que han lamentado que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las de Agricultura.

Estas organizaciones han recordado que habían planteado que la prohibición de la “venta a pérdidas” se realizara vía modificación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria “y el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, había hecho público este compromiso de forma reiterada y finalmente no ha sido así”.

Según han señalado, el Consejo de Ministros del 7 de diciembre ha aprobado un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio, que incluye la prohibición de las “ventas con pérdida” o “ventas a pérdidas” en supuestos en que se consideren prácticas desleales. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2017, obliga al Gobierno español a reformular nuestro ordenamiento jurídico para darle acomodo.

Sin embargo, “la sentencia no obliga a modificar únicamente la disposición afectada, sino que deja libertad al Ejecutivo para cambiar aquellas disposiciones legislativas que estime oportuno”, han añadido.

En este sentido, han destacado que “lo que teníamos hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE era una prohibición general de venta a pérdida al consumidor y bastaba con demostrar que el precio de venta era inferior al precio de compra (factura contra factura). Ahora, no sólo debe darse esto último sino que hay que demostrar que la práctica tiene carácter desleal”.

De esta manera, a su juicio, se complica “enormemente” la denuncia de esta práctica porque la norma “gana en complejidad, subjetividad y arbitrariedad”. “En la práctica, es inútil para proteger al sector productor, que queda fuera del ámbito de esta normativa, hecho que se hubiera subsanado de haberse introducido en la Ley de cadena, como propone el sector productor. Además, los supuestos que definen la deslealtad de la práctica son interpretables y generan indefinición jurídica, lo que hace más difícil la aplicabilidad de la norma”, han concluido.