Las organizaciones agrarias
UPA y
COAG han unido sus esfuerzos para reforzar la interlocución con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y trabajar con la idea de regularizar las 40.000 hectáreas de olivar que aún tienen inseguridad jurídica al objeto de poner fin a una situación que, a su juicio, genera "especulaciones, privilegios e incertidumbre".
