“Hay más que motivos para salir a la calle a reivindicar un plan urgente de medidas de apoyo. Los hombres y mujeres del campo nos enfrentamos en estos momentos a una tormenta perfecta: una espectacular subida de los costes de producción, precios a la baja en origen con diferenciales entre el campo y la mesa por encima del 450%, mayores exigencias pero menos ayudas con la nueva PAC, una aplicación en España que atenta contra los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales y una propuesta de reforma de Ley de Cadena Alimentaria que no acaba de atajar las prácticas comerciales abusivas y la venta a pérdidas”, ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Blanco. La organización agraria ha señalado que si se aprueba el Plan Estratégico Nacional, sobre la base de los términos planteados por el Ministerio de Agricultura, el agricultor profesional “sería el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España”. A su juicio, la definición de "agricultor activo” finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea residual. De esta manera, según ha señalado, cerca de 250.000 perceptores, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y eco-esquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales. Asimismo, COAG ha considerado que “los beneficios caídos del cielo de las eléctricas ponen los costes de producción del campo por las nubes”. Según ha precisado, “la espectacular subida de la luz supone, por ejemplo, que en una comunidad de regantes de olivar, la factura eléctrica haya subido un 150% desde el pasado mes de abril hasta agosto, de 0,08 a 0,12 euros/Kwh. Una situación que se verá empeorada ahora porque el gasto importante de la campaña se centra en el periodo agosto-septiembre, cuando justamente los precios de la electricidad están disparados”. Además, la organización ha señalado que el proyecto de Ley de Cadena Alimentaria encara la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados y “no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores”. En este sentido, ha reclamado a los diferentes grupos parlamentarios que mantengan la firmeza en cuanto a la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena, así como un registro de contratos, que se incluya en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal Horeca a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, se refuerce la figura del mediador y se generen unos índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar, al servir de referencia objetiva y pública, reforzando el papel de los Observatorios de la Cadena.