Inician la tramitación del Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias

Bustinduy y García han explicado que el proyecto de Real Decreto ha iniciado su andadura con la apertura del período de consulta pública, que permite a la ciudadanía, entidades sociales, sindicatos, organizaciones de consumidores, profesionales y personas usuarias de hospitales y residencias, entre otras, hacer aportaciones y comentarios para enriquecer la propuesta antes de la elaboración del proyecto normativo. El plazo de participación estará abierto hasta el próximo 21 de junio.

Esta iniciativa llega apenas un mes después de la aprobación en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Esta normativa ya aprobada establece unas frecuencias mínimas en los comedores de colegios e institutos para asegurar un mayor consumo de verduras, frutas y pescados frescos, y limitar las frituras, los precocinados, los alimentos procesados y los productos azucarados.

Ahora, el objetivo es aprobar un nuevo Real Decreto que garantice que todas las comidas servidas en los centros que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales se asienten en las recomendaciones dietéticas de de alimentación saludable y sostenible para todos los grupos de edad y ajustándose a los contextos pertinentes, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sector público es responsable de un gran oferta de alimentos y bebidas y es fundamental que este gasto público se realice atendiendo a estándares lo más alto posibles, en base a criterios nutricionales orientados al fomento de una alimentación y sostenible, según ha destacado el Gobierno.

Durante la presentación, el ministro Pablo Bustinduy, proponente de la iniciativa, ha subrayado que mejorar la alimentación en hospitales y residencias "es un verdadero clamor social" y ha tildado como "contradictorio que en un lugar al que vamos para ser curados o porque requerimos cuidados nos den de comer comida que no cumple unos requisitos mínimos de calidad nutritiva". Bustinduy ha puesto el foco en la importancia de atender las necesidades de personas dependientes y con necesidades especiales, de las que ha asegurado que, como la infancia en los centros educativos, "tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a que cada comida sea un momento de cuidado de su salud, por supuesto, pero también de disfrute".

Por su parte, Mónica García ha recalcado que la ciencia ha demostrado la importancia que la alimentación tiene para prevenir problemas de salud a medio plazo y acelerar las recuperaciones en los casos de enfermedad. "Tenemos la evidencia de que comer bien, lejos de ser una cuestión accesoria o un lujo, es una necesidad, especialmente cuando se atraviesa una enfermedad o cuando se depende de cuidados en una residencia", ha afirmado. En este sentido, la ministra de Sanidad ha señalado que "la salud, la dignidad y el cuidado debe comenzar desde la bandeja de comida de un hospital o de una residencia".

La futura normativa se enmarca dentro de las previsiones recogidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y establecerá criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad que deberán cumplirse en la contratación y prestación de servicios de alimentación en hospitales y residencias, asegurando la correcta alimentación de los usuarios de centros y servicios dirigidos a personas dependientes y con necesidades especiales.

La iniciativa también responde al llamamiento que la OMS hizo a los gobiernos en 2021 para que sus políticas públicas promovieran una alimentación saludable en los establecimientos públicos. El objetivo de la OMS es reducir la prevalencia de enfermedades evitables relacionadas con la dieta. Según este organismo, las enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de muerte de al menos 43 millones de personas en 2021, lo que equivale al 75% de las defunciones (sin tener en cuenta las debidas a la pandemia en ese año). En España el 54% de la población española, según la Encuesta Europea de Salud en España, sufre algún tipo de enfermedad crónica, sobre todo hipertensión y colesterol elevado.