La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana el informe sobre la futura normativa del uso de fitosanitarios en la UE, como paso previo antes de ser debatido por el legislativo comunitario. Con las enmiendas introducidas por la Comisión de Medio Ambiente se da un paso más en la radicalización de la norma, con las graves consecuencias que esto puede deparar para la continuidad de la agricultura mediterránea. <br /><br />El texto aprobado establece reglas más estrictas que las que habían determinado Bruselas y el Consejo de Ministros de la UE y debe pasar aún por el pleno de la Eurocámara. Se confirma, por tanto, la prohibición de aquellas sustancias que tengan alta toxicidad y que planteen riesgos significativos, aunque si la sustancia es necesaria para combatir cualquier peligro para la plantación, podría ser aprobado, dentro de un margen, siempre y cuando no entrara en conflicto con los criterios de seguridad.<br /><br />Las sustancias químicas serán aprobadas dentro de un período de tiempo y dependiendo de su toxicidad. Además, los productos que contengan sustancias peligrosas deberán ser sustituidos por otros más seguros si quieren asegurar su existencia. Los estados miembros tendrán que cumplir con unos objetivos cuantitativos para reducir el volumen de uso de los pesticidas. <br /><br />Sin embargo, pese a la fuerte oposición expresada por las europarlamentarias españolas, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez y María Sornosa, el informe ha resultado aprobado con una serie de enmiendas incluidas que resultan inasumibles para los productores europeos, pues se radicalizan los criterios y el resultado no puede ser más negativo para los intereses del agro.<br /><br />En concreto, se introducen serios límites en cuanto a las aplicaciones de uso de estos productos: se prevén reducciones del 50% como mínimo respecto al uso actual que se hace en cada país y se pueden crear zonas “libres de pesticidas”; se aumenta la cantidad de criterios que impedirán la aprobación de sustancias de uso (sin basarse en una evaluación científica), con lo que se introducen también serios límites a la producción; se suprime el sistema de zonas y, por último, se añaden obligaciones adicionales al agricultor que resultan además, excesivamente burocráticas.<br /><br />Ante tal situación, Asaja ha manifestado que se trata de una normativa “tremendamente radical y absurda, que ignora cualquier criterio objetivo y científico, y que va a resultar perjudicial para el productor”. La organización agraria, basándose en sus estudios avalados por instituciones publicas y privadas de reconocido prestigio internacional, pone de manifiesto que el efecto sobre la producción europea sería de entre un 50 y 80% de reducción, dependiendo de las distintas hipótesis que se barajan en las propuestas, con perdidas que podrían ir hasta los 6.170 millones de euros anuales y la desaparición de hasta 95 millones de jornales, especialmente en pequeñas explotaciones hortofrutícolas, invernaderos en su mayoría, pero también en cultivos de marcado carácter social, como pueden ser el olivar, los cítricos o el algodón. <br /><br />Por todo ello, Asaja ha hecho un llamamiento a nuestros representantes en las instituciones comunitarias para que, en los sucesivos trámites legales pendientes antes de la aprobación definitiva de esta normativa, hagan todo lo posible para que se tenga en cuenta el papel de los agricultores, cuya misión esencial es abastecer a la sociedad de productos alimentarios sanos, a precios razonables y que garanticen el desarrollo sostenible de nuestros territorios y de sus explotaciones agrarias.<br /><br />El responsable técnico del Departamento de Agricultura de COAG, Carlos Mateos, ha explicado que el sector va a estar "muy limitado, muy atado" si sale adelante esta normativa, y ha recordado que supondrá la desaparición de muchas sustancias necesarias para la viabilidad de las explotaciones.<br /><br />Ha criticado el nuevo endurecimiento de las condiciones y ha alertado de que los agricultores "no van a poder manejar las plagas" si no se establecen programas urgentes de investigación para avanzar en distintos problemas fitosanitarios.<br /><br />Por parte de los servicios técnicos de UPA, Javier Alexandre, ha indicado que "es conveniente avanzar hacia la seguridad, pero no desde una posición prefijada por un espíritu anti-fitosanitario de una forma simplista, que creo que es un error importante".<br /><br />Ha recordado que la agricultura moderna no se entiende sin fitosanitarios y que los europarlamentarios cometen una equivocación con esta posición de partida.<br /><br />Para AVA-Asaja, la nueva radicalización de la norma de fitosanitarios hace peligrar la agricultura y el medio rural, por lo que ha llamado a la Administración y a los europarlamentarios a que se movilicen en su contra.<br /><br />Ha añadido que los nuevos cambios introducidos en el proceso de segunda lectura "radicalizan aún más si cabe la inasumible postura que ya postuló esta misma institución en su primera lectura". <br /><br /><B>La industria fitosanitaria, en contra</B><br /><br />Por su parte, la industria fitosanitaria europea y española, representadas por ECPA y AEPLA, ha asegurado que las propuestas formuladas por el Comité de Medio Ambiente "atan de pies y manos a nuestros agricultores, y han sido tomadas en base a percepciones y no a verdaderos criterios científicos".<br /><br />Las industrias han ofrecido su colaboración al Parlamento y a otras instituciones comunitarias, así como con las organizaciones agrarias, para que "la legislación resultante garantice la competitividad y sostenibilidad de la agricultura europea y la producción de alimentos suficientes, seguros y asequibles para todos".<br /><br /><a href= http://www.mercacei.com/foros/index.php target= “blank”> <b>Opine sobre esta noticia en nuestro foro</b></a><br />