Asaja pide que se restaure la anterior linea de seguro del olivar

En un comunicado, la entidad ha recordado que en estos casos sólo podrán ser indemnizados en un máximo del 50% de los rendimientos que le asigna la Administración, frente al hasta 70% que había en años anteriores, lo cual "hace que el seguro no sea una herramienta útil para ellos en caso de siniestros".

A esto se une, a su juicio, que los productores históricos que hayan sufrido algún siniestro en los últimos 10 años, van a tener limitada la indemnización a un máximo del 40%, según cálculos de Asaja. "Estas circunstancias hacen que, si ya el nivel de aseguramiento era bajo (no llegaba al 10%), este nuevo seguro hará que la inmensa mayoría de los olivareros quede sin protección alguna ante siniestros", ha precisado.

Por ello, tras la celebración del grupo de trabajo de Aceite y Olivar de Asaja-Andalucía, celebrado el pasado 14 de septiembre en Córdoba, las organizaciones agrarias en Jaén y en Córdoba han diseñado una serie de medidas para evitar los "graves" perjuicios que supone el nuevo seguro de olivar, "un seguro que impone condiciones muy duras para el agricultor sin ofrecer las correspondientes indemnizaciones a cambio".

En este sentido, la organización ha puesto en marcha un plan de actuaciones para defender un seguro que proteja al principal cultivo de Andalucía como es el olivar. Así, en primer lugar, ha decidido realizar todo tipo de acciones necesarias para informar a través de medios de comunicación y organismos oficiales de la situación, con el fin de que se reconduzca la línea de olivar aprobada recientemente a los planteamientos anteriores, logrando así que las contrataciones sean eficaces y los nuevos asegurados y los históricos cuenten con un sistema riguroso que permita cubrir las situaciones de siniestro.

Además, ha instado a la Administración a que intervenga en la dirección adecuada y evite el "monopolio de Agroseguro en la contratación de seguros agrarios con el beneplácito del BOE".

Asimismo, la organización ha señalado que diseñará un plan de movilizaciones en caso de que sea necesario y dirigirá una carta a la ministra de Agricultura, Alimentación y Pesca, Isabel García Tejerina, con el fin de que medie en el asunto como representante del Gobierno.