Creada la Agencia Estatal de Investigación

Esta Agencia, una demanda de la comunidad científica recogida en la Ley de la Ciencia de 2011, se encargará de la financiación, evaluación y asignación de fondos para la I+D. Realizará, además, actividades de seguimiento de las actuaciones financiadas para mejorar la medición de los resultados y de su impacto.

Según recoge la referencia del Consejo, la Agencia Estatal de Investigación tiene como propósito mejorar la eficacia de los servicios prestados por la Administración General del Estado en materia de I+D+i, la incorporación de las mejores prácticas internacionales de evaluación, la rendición de cuentas de las ayudas otorgadas y la simplificación de los procedimientos administrativos.

Este organismo se crea a coste cero con los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Estado de I+D+i, y su puesta en marcha será en 2016.

El Gobierno informó de que en un plazo no superior a 60 días se constituirá el órgano de gobierno de la Agencia, el Consejo Rector, que deberá nombrar como director, único responsable ejecutivo, a un investigador o tecnólogo con experiencia en la gestión de la I+D. En este periodo, de manera provisional, la dirección será asumida por la directora general de Investigación Científica y Técnica. El nuevo organismo contará con, aproximadamente, 300 empleados que gestionarán las ayudas de la Secretaría de Estado de I+D+i.

La Agencia tiene capacidad para gestionar, además, las ayudas de I+D de otros ministerios mediante convenios y podrá sumar también la gestión de fondos privados y actuará en coordinación con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el otro gran agente financiador de la I+D+i, en su caso destinado especialmente al mundo empresarial.

Asimismo, el Gobierno también precisó que dotará de mayor estabilidad a las ayudas públicas de la I+D gracias a la planificación plurianual de sus recursos y podrá fijar objetivos a medio plazo y posibilitará que las convocatorias de proyectos o de recursos humanos cuenten con la necesaria previsibilidad en los plazos y en la financiación. Dispondrá, además, de un sistema de evaluación independiente basado en criterios científicos y técnicos para asegurar la promoción de la calidad y la excelencia.