Andalucía apoya al sector de la aceituna negra ante la denuncia por dumping de EEUU

La Consejería, que ha puesto al servicio del sector su asesoramiento jurídico y técnico, presentará "cuanta información sea necesaria" para demostrar que las ayudas que recibe este cultivo son mucho menores que las que alegan los competidores californianos de la denominada Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Negras, a la vez que son "más que legítimas y compatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)". Un punto en el que ha alegado que, "por si fuera poco", este producto ya afronta, además de otras barreras, el pago de los aranceles más altos para la entrada en ese país.

Sánchez Haro ha aseverado, en este sentido, que "ya hemos contactado y trabajaremos de la mano de la unidad de antidumping del Departamento de Comercio Exterior de la Comisión Europea (CE)", porque "no podemos permitir que esta reclamación ponga en riesgo el principal mercado de exportación para las empresas españolas y, por tanto, andaluzas de aceitunas negras".

A su juicio, no es más que un intento de aprovechar la coyuntura proteccionista de Trump con alegaciones "carentes de todo fundamento", sin olvidar su carácter "discriminatorio" al apuntar solo a España. En este sentido, al eximir a otros productores como Egipto, Turquía, Marruecos o Argentina, se situarían en una situación muy favorable con respecto a España al no verse afectados. La aplicación de derechos antidumping, de hecho, podría suponer el cierre de este mercado durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros (700 millones de euros, en el peor de los casos, si este cierre se prorrogara durante un segundo lustro).

Para el titular de Agricultura andaluz, la cuestión es especialmente preocupante para Andalucía, que, con la venta al exterior de 273.000 toneladas anuales de media en las últimas cinco campañas, aporta el 84% de las exportaciones españolas de aceituna. Si las determinaciones finales fueran contrarias a España, "estaríamos ante un serio problema de carácter sectorial con graves consecuencias para las distintos tipos y variedades".

Sánchez Haro se ha referido al "peligroso precedente" que sienta esta investigación al ponerse en cuestión ayudas europeas y nacionales como las de la Política Agraria Común (PAC) o las del Programa de Desarrollo Rural. "En definitiva, es una amenaza para todo el sector y, como tal, requiere el máximo apoyo y la unión de todos, administraciones central y autonómica, Unión Europea, agricultores, cooperativas e industrias", ha sentenciado.