España contará con la mayor inyección de fondos públicos hasta 2027 para generar oportunidades de futuro en el sector agroalimentario

En su comparecencia el pasado 19 de mayo ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Senado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el sector agrario ha evolucionado, en los últimos 10 años, hacia un sector rentable, moderno y competitivo, tal y como muestran las últimas cifras del “Censo Agrario 2020”, y que se abre todo un horizonte de oportunidades de futuro, gracias a la mayor inyección de fondos públicos, más de 55.000 millones de euros hasta 2027, para afianzar el liderazgo de la agricultura y ganadería española en los mercados.

La fotografía del sector agrario del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el sector se ha redimensionado. "Con un ligero descenso de las explotaciones hasta 914.871, estas han ganado en dimensión, con una superficie media de 26,37 hectáreas (+7,4%, respecto a 2009), reflejo de un sector competitivo, como también lo demuestra el dato de que ha bajado la mano de obra familiar, mientras que ha aumentado el trabajo por cuenta ajena", ha recalcado el MAPA.

No obstante, el ministro ha destacado la rápida reacción de la Unión Europea y de los Estados miembros, entre ellos España, con medidas concretas para el sector a través del plan para hacer frente a las consecuencias de la guerra que le han supuesto un importante apoyo ante la pérdida de rentabilidad. Igualmente ha destacado las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la sequía.

El ministro ha asegurado que nuestro país cuenta con medidas y herramientas, además de la financiación necesaria, para afrontar con optimismo el futuro de un sector que ha salido reforzado de la crisis y que es clave para el abastecimiento y la seguridad alimentaria, que mantiene vivo el medio rural y que contribuye a fijar población.

En esta línea, ha recordado que el Gobierno, atendiendo una de las demandas históricas de las organizaciones agrarias, modificó la ley de la cadena alimentaria “para evitar la destrucción de valor a lo largo de la cadena”. Ha señalado que “entre todos, debemos vigilar y controlar que se cumpla la ley”, y ha asegurado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) “está actuando ya”, en coordinación con las comunidades autónomas y sus programa de control complementarios.

El sector agroalimentario, estratégico para el Gobierno El ministro ha reiterado que para este Gobierno el sector agroalimentario tiene un carácter estratégico, y por ello ha incrementado el presupuesto del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario en otros 800 millones de euros adicionales a los 1.000 millones con los que contaba inicialmente.

La transformación y modernización de la industria agroalimentaria y la mejora de la gestión del agua, a través de la apuesta por el regadío sostenible, cada vez más eficiente, son los ejes del PERTE, que contribuirán al fortalecimiento del sector, con una clara apuesta por la digitalización y la investigación.

Respecto a los regadíos, el ministro ha señalado que la prioridad es sacar el máximo rendimiento al agua, “exprimir cada gota”, y “más en un contexto de cambio climático”. El regadío sostenible tiene futuro y “somos conscientes” de que cada vez hay menos recursos hídricos, ha señalado el ministro. España cuenta con un importante paquete de inversiones en regadíos, con 563 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La nueva Política Agraria Común (PAC) entra ya en la recta final, de cara a su aplicación el 1 de enero de 2023, y estamos en un momento en el que hay ante importantes avances con respecto al Plan Estratégico Nacional, ha señalado Planas. El ministro se ha mostrado confiado en que en el plazo más breve posible la Comisión Europea (CE) aprobará el plan español, tras el trabajo realizado en las últimas semanas con las comunidades autónomas y, en paralelo, con la propia CE para dar respuesta a las observaciones de ésta.

Una PAC que apuesta por la agricultura familiar y profesional Una PAC, ha recordado el ministro, que será más redistributiva, más sostenible y más social, porque apoya a la agricultura familiar y profesional, en la que los jóvenes y las mujeres contarán con un apoyo especial y necesario para asegurar el relevo generacional en el campo, gracias a la digitalización e innovación, que serán otros de los grandes ejes de esta política. Esta PAC, ha apuntado el ministro, será más equitativa para apoyar “a la inmensa clase media de la agricultura española”.

El ministerio ya trabaja en el paquete legislativo para aplicar la PAC en 2023, que incluye un total de 18 reales decretos y un proyecto de ley, con el fin de que en otoño los agricultores puedan planificar sus decisiones de siembra.

España, a pesar de que el presupuesto comunitario bajó un 15 % debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sigue contando con la misma disposición de fondos que en el periodo de programación de la PAC 2014-2020. Con un total de 47.724 millones de euros, que con la cofinanciación del Estado y de las comunidades autónomas rozará los 52.000 millones de euros, los agricultores y ganaderos españoles tendrán el presupuesto necesario para financiar las medidas que doten al sector de las herramientas precisas para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores.

La suma de la financiación de la PAC, del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), los procedentes del Plan de Recuperación y del PERTE, el sector agroalimentario español contará con más de 55.000 millones de euros, lo que supone la mayor inversión pública para apoyar a un sector clave, esencial y estratégico.

Un sector -ha incidido el ministro- que es fundamental no solo para la población española, sino también para la europea y mundial, como muestran las exportaciones agroalimentarias por valor de más de 61.000 millones de euros en 2021 y que sitúan ya a España como el séptimo mayor exportador de alimentos del mundo. Ha apuntado que hace apenas dos décadas “nuestro país era importador neto y ahora más de la mitad de nuestra producción se vende al exterior, con un saldo neto de más 19.000 millones de euros que muestra que no solo producimos para España, sino para el exterior”. Ello, ha subrayado, es fruto de un sector rentable, moderno y competitivo.

Esta importante producción agroalimentaria debe, además, contar con herramientas para hacer frente a las inclemencias climáticas y a fenómenos adversos cada vez más frecuentes, y por ello el ministerio apoya de manera especial la contratación de seguros agrarios, desde la consideración de que se tratan de un instrumento muy útil de gestión de riesgos. El último ejemplo lo tenemos bien reciente, las heladas y pedrisco que tuvieron lugar las semanas pasadas.

En los últimos dos años, el presupuesto del ministerio para apoyar la contratación de pólizas de seguros ha aumentado de forma considerable, al pasar de apenas 210 millones de euros en el año 2018 a 257,7 millones en el presente año. Este incremento presupuestario ha permitido incorporar nuevas medidas de apoyo al asegurado, que supone un 30 % de las primas, que las comunidades autónomas pueden además incrementar.

En línea con la sensibilidad del Gobierno por apoyar al sector, el ministro se ha referido también al plan nacional de respuesta para reducir el impacto de la guerra en el conjunto de la economía, provocado por el incremento de los precios de la energía y también de las materias primas, que afecta al sector agrícola y particularmente al ganadero, sobre todo el lácteo.

Con un volumen total de ayudas de 430 millones de euros, destacan los 169 millones de euros para los productores de leche o los 193,5 millones de euros para otros sectores agrarios afectados; así como los 68 millones de euros para el sector pesquero.

En resumen, medidas, líneas y herramientas que serán un apoyo importante para el sector agroalimentario y para seguir avanzando en la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de una actividad económica esencial para la economía española.