La gran mayoría de las 25 enmiendas que las tres entidades han defendido en la tramitación de esta ley han quedado recogidas en el dictamen aprobado por la Comisión de Territorio del Parlamento, del pasado 19 de febrero, entre las que destacan asegurar recursos públicos para el mantenimiento de estos olivos, limitar la protección a los olivos milenarios, permitir su reagrupamiento dentro de la propia explotación, permitir las tareas habituales del cultivo como la poda de fructificación y que el Departamento de Agricultura también sea tenido en cuenta en el desarrollo de la ley. Todas las enmiendas han sido presentadas por estas entidades con el objetivo de evitar limitaciones injustificadas a la actividad agraria que ponían en peligro la viabilidad económica de las explotaciones y, por tanto, los olivos monumentales que la ley pretende proteger, según han asegurado en un comunicado.<br /><br />Las tres entidades se han reunido esta semana con diferentes grupos parlamentarios para lograr que la Ley incorpore un presupuesto mínimo de ayuda para estos olivos y olivares. Aunque en el dictamen queda blindado, jurídicamente, que llegarán recursos públicos para la protección de los olivos, las entidades consideran que es necesario que la Ley asegure un presupuesto mínimo anual de 1,2 millones de euros para su protección y mantenimiento.<br /><br />El segundo punto, imprescindible, a su juicio, para asegurar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias que tienen estos olivos, es la inclusión, por ley, dentro de la Comisión Técnica, de representantes del sector agrario, con el fin de poder disponer de voz y voto en el desarrollo de ciertos aspectos regulados en la ley y competencia de esta Comisión Técnica, como la validación de los informes elaborados por los departamentos competentes, proponer formas integradas de protección frente la amenaza de plagas y los efectos del cambio climático, promover programas de intervención y conservación de cada ejemplar o la elaboración de una guía de buenas prácticas de cultivo. "Hay que tener en cuenta que todos estos ámbitos afectan a la actividad agraria y los representantes de los agricultores deberían tener voz y voto", han indicado.<br /><br />Finalmente, a pesar de la rebaja en las sanciones del dictamen, las entidades han considerado que siguen siendo exageradamente elevadas, de hasta 48.000 euros, ya que hay que tener en cuenta que "los titulares de estos olivos siempre han cuidado y, mientras que hasta ahora lo hacían voluntariamente, ahora deberán hacerlo de manera obligatoria sin ninguna compensación". Según han recordado, de acuerdo con la Red Contable Agraria de Agricultura, una explotación de olivos tiene, de media, unos márgenes económicos negativos si se tienen en cuenta la mano de obra familiar y el coste de oportunidad.