La política agrícola de la UE en transición: los auditores consideran que necesita continuidad y normas claras

Según el nuevo Dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo , estos retrasos aplazarán la potencialmente más ambiciosa política agrícola de la UE al menos un año. Este tiempo adicional debería emplearse, a juicio de los auditores, para abordar los desafíos relativos al clima y al medio ambiente que plantea el Pacto Verde, así como para garantizar una gobernanza sólida de la futura PAC y mejorar su marco de rendimiento.

La Comisión ha propuesto ampliar el marco jurídico vigente y seguir financiando la política con arreglo a los importes previstos para el MFP del período posterior a 2020. La propuesta de Reglamento de transición tiene por objeto proporcionar seguridad y continuidad a la concesión de ayudas y facilitar la transición del período actual al próximo. Las normas transitorias propuestas para 2021 se basan en el supuesto de que la introducción de la nueva PAC (inicialmente prevista para el 1 de enero de 2021) se retrasará un año. Los auditores han analizado si las normas propuestas son claras desde el punto de vista jurídico y financieramente prudentes, y también han examinado sus repercusiones en la PAC posterior a 2020.

"A juzgar por la situación en que se encuentran las conversaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, la aplicación del nuevo marco jurídico y de los planes estratégicos de la PAC a partir de 2022 podría plantear dificultades", ha afirmado Joao Figueiredo, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del Dictamen, quien ha considerado que "debería aprovecharse el tiempo disponible para resolver las cuestiones suscitadas por el Tribunal, especialmente las relacionadas con los desafíos relativos al clima y al medio ambiente".

La propuesta de la Comisión ofrece a los Estados Miembros la posibilidad de prorrogar sus programas de desarrollo rural durante un año hasta el final de 2021. Los auditores señalan que los países europeos deberían proseguir con las mismas o mayores ambiciones en relación con el medio ambiente y el clima como hasta ahora con los "fondos nuevos" utilizados con arreglo a las normas anteriores.

Los auditores también constatan que se presta una creciente atención a los pagos a agricultores no genuinos que adquieren terrenos agrícolas para recibir pagos de la PAC, e instan a la Comisión y a los legisladores a utilizar el año suplementario para evaluar los riesgos relacionados y la necesidad de revisar los criterios establecidos en las propuestas legislativas para la PAC después de 2020.

A su vez, señalan que la evaluación ex post del período vigente se aplaza al final de 2026, lo que significa que la Comisión preparará su propuesta para la PAC posterior a 2027 sin haber evaluado exhaustivamente el rendimiento de la PAC 2014‑2020.

Ampliación del pago de la PAC

Por otro lado, ante la situación de alarma sanitaria por el coronavirus, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la ampliación del plazo para la solicitud de las ayudas PAC.

La tramitación de las ayudas de la PAC comenzó oficialmente el pasado 1 de febrero, sin embargo el grueso de expedientes se tramita fundamentalmente en el último tercio del periodo, es decir, del 15 de marzo al 30 de abril. "Pero, este estado de alerta debido a la expansión del COVID-19, está provocando inquietud entre agricultores, por los posibles focos de contaminación que pudieran derivarse de los desplazamientos a las oficinas de atención de que las se dispone, o de la realización de reuniones informativas acerca de la PAC", ha indicado la organización agraria.

Desde UPA-Andalucía ven con preocupación que la tramitación de expedientes PAC se va a retrasar de manera importante, lo que incluso puede ocasionar que muchos expedientes se queden sin tramitar o que se hagan de manera "precipitada e incorrecta".