En este sentido, esta entidad precisó que sus producciones controladas suponen en torno al 20% de la total de España, y el producto envasado con Denominación representa una cuarta parte de todo el virgen extra comercializado en nuestro país con marca de fabricante. Por ello, en su opinión, estas cifras deben reflejarse, al menos, en las políticas de desarrollo rural y en los fondos destinados a las DOPs (agricultores, almazaras y envasadores), así como en la composición de las mesas de representación sectorial.
Asimismo, la Sectorial acordó solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y a las Comunidades Autónomas la necesidad de que se apliquen los fondos públicos (de origen diverso, pero al menos el Feader) destinados a reconocer el esfuerzo de los agricultores, almazaras y envasadores/comercializadores de las DOPs oleícolas, ya que “su labor reiterada de continua mejora de la calidad, así como de la defensa de sus características diferenciales, hacen que los aceites de oliva vírgenes españoles tengan una mejor imagen y defensa en los mercados”.
En otro orden de cosas, también acordó asumir como propio el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el Anteproyecto de Decreto de DOPs supra autonómicas, aprobado por la Asociación Origen España, si bien consideró que son necesarias algunas referencias a la Entidad Nacional de Acreditación, y a las dificultades que los Consejos Reguladores encuentran “al actuar ENAC en régimen de monopolio de la acreditación en España”.
Por último, la entidad acordó instar a la Interprofesional del Aceite de Oliva Español a la realización de una campaña de comunicación orientada a incentivar el consumo de los aceites de oliva vírgenes con DOP.
