Entre los principales cambios destaca que el plazo se amplía de 90 a 180 días, lo que da a los Estados Miembros y a los beneficiarios más tiempo para completar los trámites necesarios; la tasa máxima de prefinanciación aumenta al 30%, lo que ayuda especialmente a los beneficiarios más pequeños a obtener más fondos iniciales para implementar sus programas; y las obligaciones de notificación a la Comisión sobre el impacto de los programas sencillos se reducen a una única notificación final.
El Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las nuevas normas se aplicarán a partir de esa fecha. No obstante, no se aplicarán a los contratos para la ejecución de programas sencillos celebrados antes del 1 de diciembre de 2026, con el fin de no alterar la práctica actual.
Bruselas ha precisado que, como en años anteriores, el presupuesto para el programa de promoción agroalimentaria de 2027 aún no se ha finalizado. La asignación presupuestaria está sujeta a ajustes en el marco de la revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Se prevé que el presupuesto definitivo para el Programa de Trabajo Anual de 2027 se confirme en octubre de 2026.
La Comisión ha considerado que unos recursos financieros adecuados son esenciales para garantizar que los programas de promoción puedan seguir apoyando al sector agroalimentario de la UE a largo plazo.
Desde 2016, el Ejecutivo comunitario ha cofinanciado más de 650 campañas con el lema común "Enjoy, it's from Europe", reforzando la reputación de los productos agroalimentarios europeos dentro y fuera de las fronteras europeas. A su juicio, la política de promoción también ha acompañado la implementación de acuerdos de libre comercio (por ejemplo, con Japón, Corea del Sur o Canadá) y ha contribuido a la evolución positiva de la balanza comercial agroalimentaria de la UE en la última década.

Ayudas al gasóleo agrícola
Por otro lado, la CE ha aprobado modificaciones, así como un aumento presupuestario de 65 millones de euros, en dos regímenes de ayudas estatales españoles destinados a empresas agrícolas y pesqueras que se enfrentan al aumento de los precios de los combustibles debido a la crisis de Oriente Próximo.
El régimen inicial para los productores agrícolas fue aprobado por Bruselas el pasado 2 de junio de 2026. España notificó, entre otras cosas, un aumento presupuestario de 55 millones de euros, con lo que el presupuesto total asciende a 109 millones de euros.
También se notificó una ampliación del período de aplicación del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y una modificación del cálculo de la ayuda concedida en virtud de la medida.
En concreto, la ayuda se concederá sobre la base de regímenes con un presupuesto estimado claro y se proporcionará para apoyar temporalmente el desarrollo de empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas y pesqueros.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que los regímenes modificados son necesarios, adecuados y proporcionados para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no alteran las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Sobre esta base, el Ejecutivo comunitario ha aprobado las modificaciones españolas con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.