Así lo manifestó ayer Herrero en Barcelona en una jornada técnica sobre los retos de presente y futuro del sector porcino, organizada por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, en la que se refirió a las actuaciones de la AICA respecto al control del cumplimiento de esta Ley.
Durante la jornada, Herrero subrayó el compromiso del organismo para estudiar con detalle todas las denuncias que se presenten, e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador si de dichas denuncias se detectara una presunta infracción de la Ley. También aseguró que se actuará de oficio en el caso de que se acumulen pruebas suficientes que hagan sospechar de posibles incumplimientos.
En su intervención, el director de la AICA destacó el importante valor de esta nueva Ley para regular los contratos alimentarios y evitar las prácticas comerciales abusivas. En concreto, Herrero resaltó que una de las principales novedades de esta norma es el establecimiento de la formalización obligatoria por escrito de los contratos alimentarios, antes de las prestaciones, para transacciones superiores a 2.500 euros, y cuando una de las partes es productor primario o agrupación de productores o pyme y el otro no.
En relación con las prácticas comerciales abusivas, Herrero recalcó que la norma prohíbe las modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales sobre el precio pactado. A este respecto, también regula la información comercial sensible y la gestión de marcas.
Además, precisó que la Ley regula las subastas electrónicas y la obligación de conservar los documentos durante dos años.
Por otro lado, el Director de la AICA se refirió al régimen de control administrativo establecido en la Ley, que tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes que, en función del ámbito de actuación de las partes, gestionarán las Comunidades Autónomas correspondientes o el Estado.
De esta forma, Herrero explicó que la Agencia de Información y Control Alimentarios, además de asumir las funciones de la extinta Agencia para el Aceite de Oliva, tiene entre sus obligaciones establecer y desarrollar el régimen de control de lo dispuesto en esta Ley.
También deberá comprobar las denuncias por incumplimiento que le sean presentadas e instruir el procedimiento sancionador para formular la propuesta de resolución a la autoridad competente del Ministerio de Agricultura o trasladarlas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De igual manera, la Agencia iniciará de oficio la investigación y la instrucción del procedimiento sancionador, y formulará las correspondientes denuncias ante esta Comisión.
Al mismo tiempo, gestionará y mantendrá el Registro de Buenas Prácticas Mercantiles, y creará un sistema de información, seguimiento y análisis específico para aquellos productos alimentarios que se consideren especialmente sensibles o estratégicos.
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