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Productores, comercio, distribución y hostelería consideran 'inasumible' una nueva subida del IVA

Productores, comercio, distribución y hostelería consideran "inasumible" una nueva subida del IVA

lunes 10 de marzo de 2014, 16:20h

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06/03/2014  Organizaciones empresariales y sindicales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería (Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB; Aecoc, Anged; ACES; Asedas; CEC, FEHR, Fehrcarem; CCOO Feagra, UGT Fitag, Asaja, COAG y UPA) han considerado "inasumible" una nueva subida del IVA y han animado a apoyar fiscalmente la incipiente recuperación económica. 

En un comunicado conjunto, estas organizaciones han señalado que en un momento en el que la discusión económica se centra en las medidas para reindustrializar e incrementar el empleo, parecen contradictorias las medidas tomadas por el Gobierno en materia de fiscalidad ambiental, incremento de costes laborales (cotizaciones a la Seguridad Social), aumento de los costes eléctricos y la aparición de nuevas figuras impositivas autonómicas. 

En su opinión, este tipo de medidas minan la competitividad del sistema agroalimentario y de los sectores ligados al consumo, que "podría disminuir aún más con el incremento o reclasificación del IVA que parece vislumbrase, y que afectaría a muchos productos básicos para los hogares". 

Respecto a la "oleada" de nuevos costes fiscales y regulatorios para su actividad, estas organizaciones han señalado que en materia de fiscalidad ambiental, destaca el impacto del impuesto de gases fluorados, utilizados en los procesos de refrigeración y mantenimiento del frío de los alimentos básicos, en un país cálido como España en el que no existe una alternativa viable. 

Según sus datos, en el caso de la distribución se sitúa en una horquilla entre los 5.000 euros y los 30.000 euros por local, mientras que en la restauración se sitúa en 1.000 euros/año por local. 

En cuanto al impacto de la imposición sobre el empleo, derivado del Real Decreto 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en su disposición adicional tercera incrementa los costes de las cotizaciones en conceptos que anteriormente estaban exentos. 

A su juicio, sólo en el sector de la restauración en la Comunidad Autónoma de Madrid se han incrementado un 9% los costes laborales y supone 800 euros/año por trabajador para el conjunto de los sectores. En hostelería, además del incremento de los costes salariales, significa la desaparición parcial o total de una de sus fuentes de ingresos: los vales de comida. 

En este sentido, las organizaciones han precisado que el incremento de costes supone la desaparición del 40% del mercado de vales, y una pérdida de facturación en torno al 2,5%, con una consecuencia sobre el empleo de 12.000 puestos de trabajo.

 Asimismo, estas entidades han considerado que la distorsionadora carga impositiva autonómica, que suman ya más de 70 tributos, genera altos costes económicos y de gestión que se estiman en 1.300 millones de euros. 

Junto a estas medidas, han subrayado también el incremento de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas marcados por la orden IET/1491/2013 en un promedio de 125%, mientras que en lo que se refiere al regadío, la factura de la luz se ha encarecido en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos -regulados- de más de un 1.000%. A esto se suma la propuesta gubernamental sobre la cogeneración, que "no sólo paraliza este tipo de producción energética, sino que causa un grave quebranto a las inversiones realizadas en los últimos años", han añadido. 

Respecto a la reforma fiscal, desde estas organizaciones se ha advertido al Ejecutivo de que una reforma que se articule en base a incrementos impositivos que graven el consumo tendría un efecto "devastador" para los sectores. Además, creen que un nuevo incremento fiscal en estos bienes tendría un impacto "muy negativo" no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas. 

Al respecto, según el estudio que las organizaciones representantes de estos sectores encargaron al Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), el impacto que tendría un reposicionamiento de los tipos de IVA pasando los productos del tipo reducido (10%), al tipo general (21%), sería de una caída de la producción de 16.032 millones de euros; una destrucción de 155.295 puestos de trabajo; una disminución de ingresos públicos de -2.183 millones de euros, y un aumento de las prestaciones por desempleo de 556 millones de euros.