Desde su promulgación el 2 de agosto de 2013, la Ley de la Cadena Alimentaria ha contribuido a aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, según el MAPA.
Sin embargo, a su juicio, la experiencia en la aplicación de la norma ha hecho necesario incorporar mejoras para hacer frente con mayor eficacia a la situación del sector agroalimentario, afectado tanto por problemas estructurales como por factores coyunturales.
En la búsqueda de soluciones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inició un proceso de diálogo y participación con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, con representantes de la industria y la distribución alimentaria, y con las Comunidades Autónomas, para impulsar una serie de medidas, entre las que se incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
En una primera fase, el Gobierno de España aprobó, el pasado 25 de febrero, el Real Decreto-ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que posteriormente fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 25 de marzo. Con este Real Decreto-Ley se llevaba a cabo una modificación de la ley de la cadena en aquellos aspectos que no podían esperar a la tramitación de una reforma legislativa ordinaria.
En la segunda fase se van a introducir nuevas medidas de mayor calado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, además de incorporar a la legislación española la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Con el procedimiento de consulta pública que ahora se inicia se facilita a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones, que puedan expresar su opinión con carácter previo sobre los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
