En concreto, el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos en diferentes municipios recoge medidas para paliar los daños ocasionados en la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura por los fenómenos climáticos adversos ocurridos desde el 1 de enero de 2026 y que han afectado a la viabilidad de sus actividades. Las ayudas que se conceden al sector están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades.
Además de ayudas directas y subvenciones para reparar caminos e infraestructuras agrarias, así como para recuperar regadíos, contempla líneas de carácter fiscal -exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico, reducción de los módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- y laboral -reducción de peonadas de 35 a 5-.
El plan de medidas dispone de 2.174 millones de euros en ayudas directas, en 619 municipios de Andalucía y Extremadura, que se concederán de oficio, sin que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite. Así, figuran subvenciones para compensar la pérdida de renta (2.121 millones de euros) para las personas titulares de explotación (agricultores, ganaderos y acuicultores) inscritas en el registro autonómico de explotaciones agrarias. La ayuda, con un mínimo de 5.000 y un máximo de 25.000 euros, supondrá el 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.
Las personas titulares de pólizas de seguro agrario percibirán, además, sin tener que solicitar esta línea, una ayuda directa adicional por 43,1 millones de euros. Las explotaciones aseguradas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados percibirán una subvención complementaria de hasta el 70 % del coste de la prima -el máximo que permite la normativa europea-. A los que tengan seguro agrario con parte de daños se le pagará la franquicia, es decir, el porcentaje de daños no indemnizado.
Por otro lado, el Ministerio habilita otras medidas extraordinarias como la restauración de caminos e infraestructuras de riego, con un presupuesto de 600 millones de euros, que ejecutarán las empresas de titularidad pública Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y que abarca la totalidad del territorio andaluz y extremeño.
Los afectados del sector agrario y pesquero de toda Andalucía y Extremadura también podrán optar a una línea de financiación especial del Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-SAECA) como consecuencia de las borrascas por un total de 100 millones de euros. La ayuda bonificará el 15% del principal de las operaciones de financiación, así como el 100% del coste del aval.
Otras medidas fiscales y laborales recogidas en el real decreto-ley son la reducción de jornadas de 35 a 5 tanto para el subsidio como para la renta agraria; la consideración de fuerza mayor a efectos obligaciones para optar a algunas ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC), por ejemplo; la reducción de módulos del IRPF en el sector agrario; así como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
Plan Andalucía Actúa
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentó ayer en el Palacio de San Telmo en "Plan Andalucía Actúa", diseñado por el Gobierno andaluz con el objetivo de reorientar el máximo de recursos económicos posible a mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la Comunidad y reactivar el tejido productivo. En total, estará dotado con una primera partida de algo más de 1.780 millones que nace gracias a reprogramar fondos del propio presupuesto autonómico, y que queda abierta a incrementarse progresivamente en función de las múltiples valoraciones de daños que todavía están en curso.
Al desglosar este plan, Moreno detalló las ayudas directas previstas para el tejido productivo. Así, en el caso de agricultores y explotaciones agrarias de las zonas más afectadas, se destinan 700 millones para brindarles apoyo económico. También están previstas para el sector de la pesca (31 millones), así como para autónomos y pymes (35 millones). En este último caso, las ayudas serán de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes de febrero a noviembre. En el caso de las pymes, podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 3.500 euros por trabajador, 350 al mes por cada uno que tengan, también durante 10 meses. De esta forma, un autónomo con dos o tres trabajadores (la media en Andalucía) podría recibir en total entre 9.000 y 12.500 euros.
En paralelo, el plan también contempla una extensa programación de reparaciones en carreteras de la red autonómica y caminos rurales en mal estado por las inundaciones, en las que el alcance de los daños recopilados en una primera valoración supera los 535 millones de euros.
