Este real decreto, además de dar cumplimiento al mandato recogido en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantiza el rigor de dichos estudios aportando, a su vez, seguridad jurídica a las empresas estudiadas; según ha explicado el Magrama.
Para lograr estos fines se ha establecido un procedimiento claro, preciso y normalizado, al cual se atendrán tanto los elaboradores del estudio como los operadores sometidos a estos, en particular en lo referente a la toma de muestras de los alimentos en los puntos de venta al consumidor, y los correspondientes análisis practicados, en base a los cuales se publican las conclusiones.
La nueva regulación se aplicará a todos los estudios comparativos destinados a su publicación o difusión para la información al consumidor, excluyendo de su ámbito los estudios desarrollados con carácter exclusivamente científico.
Según el Ministerio, con la publicación de este real decreto se reforzará la defensa de los intereses de los consumidores y se mejorará su información y su capacidad de elección. Se asegura, asimismo, la defensa de los intereses de los operadores y se establecen unas garantías sólidas de que la información vertida en los estudios e informes publicados se ha realizado de manera veraz y contrastada.
En la elaboración de este real decreto, ha asegurado el Magrama, se ha consultado a todos los sectores afectados por la medida, incluidos las asociaciones representativas de los elaboradores del estudio, los operadores de la cadena alimentaria y consumidores para compatibilizar los intereses de todas las partes.
