José Bellver, presidente de la sectorial del aceite de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, y Vicent Insa, técnico de la misma, han desgranado los datos referentes al balance de campaña y a las actividades desarrolladas por la sectorial en la Asamblea celebrada.
El análisis de la actual situación del sector se ha completado con diversas ponencias que han abordado otros asuntos relevantes para el sector. Así, Teresa Velázquez, del Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha hablado de la información alimentaria que se debe facilitar al consumidor en el etiquetado de aceite y del proyecto de normativa sobre la utilización de fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrarias.
Sobre la primera de las cuestiones, Velázquez ha desglosado el Reglamento de la UE 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y el Reglamento 29/2012 sobre normas de comercialización del aceite de oliva, entre otras normativas. El primero, aplicable desde finales del pasado año, detalla las exigencias en materia de información nutricional obligatoria y voluntaria; la claridad y legibilidad del etiquetado; la indicación de la presencia de alérgenos, aceites o grasas de origen vegetal; y el país de origen o procedencia, entre otros aspectos.
En cuanto al proyecto de normativa sobre la utilización de fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrarias, Velázquez ha recordado que con el proceso de extracción del aceite de oliva virgen de dos fases se producen efluentes constituidos fundamentalmente por las aguas de lavado de las aceitunas y del aceite. Según la normativa en proyecto, y con el fin de ser valorizados en agricultura, dichos efluentes deberán considerarse inocuos -con un contenido bajo en metales contaminantes, sin patógenos…-, eficaces, constantes en su composición química y estables. Asimismo, deberá transcurrir un mes desde su producción hasta su aplicación, pasando un mínimo de tres meses antes de la siembra o plantación en el caso de cultivos herbáceos, mientras que, en lo que se refiere a cultivos leñosos, se evitará que entre en contacto con las plantas. Este plazo de un mes se considera una traba a la hora de resolver el problema generado con estos efluentes en las almazaras, por la necesidad de almacenarlos previamente a su valorización.
Por su parte, José Juan Morant, de la Subdirección General de Política Agraria Común y Competitividad, dependiente también de la Conselleria de Agricultura, ha explicado los fundamentos del nuevo PDR, todavía en fase de aprobación por parte de Europa, incidiendo en aspectos como las estrategias de agregación para la cesión de derechos, contempladas con objeto de evitar la pérdida de los mismos por su bajo importe.
Los asistentes a la jornada han trasladado a Morant el descontento generalizado con el funcionamiento actual de la nueva aplicación para la presentación de solicitudes de derechos de pago único, que ha obligado incluso a ampliar el plazo hasta el próximo 15 de junio. Un descontento que la propia Conselleria ha trasladado al Ministerio con el fin de buscar soluciones inmediatas.
