Los operadores más pequeños de la cadena de suministro de alimentos, incluidos los agricultores, son vulnerables a las prácticas comerciales desleales empleadas por los socios de la cadena.
La propuesta de directiva, presentada ayer, incluye unas disposiciones eficaces para garantizar su aplicación: las autoridades nacionales podrán imponer sanciones en los casos en que se establezca que ha habido infracción.
En concreto, las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse son las demoras en los pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos y obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos.
Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes: un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios o un proveedor que corra con los gastos de promoción o comercialización de los productos alimenticios vendidos por el comprador.
La propuesta de la CE obliga a los Estados miembros a designar una autoridad pública encargada de hacer cumplir las nuevas normas. En caso de infracción probada, el organismo responsable tendrá competencias para imponer una sanción proporcionada y disuasoria. Esta autoridad de aplicación podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una denuncia. En este caso, las partes que presenten una denuncia podrán pedir confidencialidad y anonimato, a fin de que su posición respecto de sus socios comerciales quede protegida. La Comisión creará un mecanismo de coordinación entre autoridades de aplicación con objeto de facilitar el intercambio de buenas prácticas.
Un paso decisivo
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España aplauden la propuesta de la CE, presentada por el comisario Phil Hogan, y consideran que es un paso decisivo para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la Unión Europea.
No obstante, a juicio de la entidad, la propuesta tiene margen de mejora porque limita la aplicación de la normativa a las relaciones entre un proveedor pyme y un comprador no pyme, cuando las prácticas comerciales desleales también se dan entre empresas que ya han superado la dimensión pyme y siguen teniendo una relación de gran dependencia con sus clientes.
