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El Gobierno aprueba la ley con las normas para la implantación del sistema de gestión de la nueva PAC que afecta al aceite de oliva

El Gobierno aprueba la ley con las normas para la implantación del sistema de gestión de la nueva PAC que afecta al aceite de oliva

miércoles 08 de junio de 2022, 11:57h

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, como los sistemas de gestión y control, entre otros aspectos, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional. Asimismo, en el marco de esta nueva normativa se regulará el régimen sancionador en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y el sistema de información de los mercados oleícolas.

La PAC va a acometer una importante reforma en el año 2023 al objeto de estar más centrada en los resultados y orientada al mercado. "Una PAC más justa, más social y más medioambiental, con una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional", en palabras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Así, la nueva PAC otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar, sobre la base de su situación y necesidades específicas, sus propias intervenciones que permitan alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Este cambio de orientación hace necesario, a juicio del MAPA, disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional. Por ello, este organismo coordina la puesta en marcha de sistemas eficaces de gestión y control, y que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional, y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, y todo ello garantizando siempre el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.

Cabe destacar que la mayor subsidiariedad a los Estados miembros ha originado que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional.

Otro aspecto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que es necesario establecer un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional, y facilitar a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.

Desde hace años, tanto los sectores implicados como las administraciones competentes han trabajado en el uso sostenible de productos fitosanitarios como en el uso prudente de antimicrobianos. "Ambas cuestiones son una prioridad absoluta tanto para el sector agrario como para el gobierno y por ello se sigue avanzando en el marco legislativo correspondiente de manera que se pueda cerrar todo el proceso", ha recalcado el MAPA.

En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) -y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente- se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.

En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de productores y asociaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.

Cabe destacar que tras esta primera fase de alegaciones, este proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.

Andalucía, la mayor potencia agroalimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que la nueva PAC está diseñada para apoyar a la inmensa clase media de la agricultura española, la agricultura familiar y profesional, que verá incrementada su ayuda básica.

Luis Planas ha respondido en el Senado a una interpelación sobre el impacto que tendrá el Plan Estratégico de la PAC en el sector agrario de Andalucía, donde ha asegurado que esta política comunitaria busca potenciar una agricultura rentable y sostenible, con la mayor equidad posible en la distribución de los fondos.

En su intervención, ha recordado cómo el Gobierno logró para España un presupuesto de la PAC de 47.724 millones de euros, la misma cantidad que la del periodo anterior, a lo que hay que añadir los 140.000 millones de euros que recibirá nuestro país de los fondos comunitarios Next Generation.

De igual forma, "la nueva PAC atiende la petición de Andalucía de aplicar el pago redistributivo según las regiones de ayuda básica", ha indicado. Para ello, ha defendido los beneficios del modelo de 20 regiones acordado para establecer la ayuda básica a la renta. "Este modelo va a permitir, entre otras cosas, diferenciar a las explotaciones que tienen diferente estructura productiva, lo que beneficia a la comunidad andaluza", ha recalcado Planas.

Según ha indicado el MAPA, Andalucía es la mayor potencia agroalimentaria de España y también la región más beneficiada de la PAC en 2021 (el primer año del nuevo marco financiero 2021-2027), con algo más de 1.800 millones de euros al año de fondos europeos (el 27 % del total de España), para un total 228.880 perceptores.