Las organizaciones empresariales han recordado que la propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores. De hecho, han asegurado que todas las cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos.
Asimismo, estas asociaciones han señalado que frente a escaladas de precios de hasta tres dígitos en la energía y las materias primas básicas, “la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación”. Según sus datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%.
Estas entidades se han referido a la “ineficacia” de la propuesta, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración- hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. Según han señalado, el comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, creen que presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. “En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia”, han aseverado.
También han apuntado que las experiencias en otros países han resultado fallidas. Así, han precisado que los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas.
En este sentido, han propuesto la bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, la suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y la reducción del coste regulatorio.
A su vez, han reclamado un precio de la energía sostenible para toda la cadena, especialmente para la distribución alimentaria.
