Con la culminación del procedimiento normativo a lo largo del año, la nueva PAC 2021-2027 podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023, con un volumen de ayudas en el conjunto del período de 47.724 millones de euros, que, sumadas las aportaciones estatal y autonómica a la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural, sobrepasará los 50.000 millones de euros, según ha precisado el Ministerio.
El plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.
El Ministerio ha subrayado que el año 2022 ha estado marcado por las dificultades derivadas del incremento de los costes de producción como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía y de las materias primas de determinados productos agrícolas, como los cereales y las oleaginosas, fundamentales no solo para la alimentación humana, sino también para la fabricación de piensos para la alimentación animal, así como de los fertilizantes. Además, las adversidades climáticas (prolongada sequía y temperaturas extremadamente altas) han perjudicado a los cultivos y motivado que haya cosechas inferiores a las habituales. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha asegurado que ha realizado "un esfuerzo sin precedentes" para ayudar al mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
Ante esta situación, ha adoptado a lo largo del año una serie de medidas que han servido para paliar los efectos de la crisis en el precio de los inputs en los sectores más afectados. Con las medidas aprobadas el pasado 27 de diciembre en Consejo de Ministros -que entrarán en vigor en 2023- han sido tres decretos específicos de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y otro, en marzo, para paliar los efectos de la sequía. En total, se han acordado ayudas directas que superan los 1.000 millones de euros, a los que hay que sumar las ayudas directas por 660 millones de euros que se habilitarán para el próximo año, según ha detallado.
En materia fiscal, el MAPA ha indicado que "se ha aplicado la mayor reducción impositiva conocida hasta ahora en el sector". Según sus cifras, solo la reducción en los módulos para la declaración del IRPF ha supuesto más de 1.000 millones de euros de ahorro en la base imponible -632 millones de euros de la rebaja generalizada del rendimiento neto, 384 millones de euros de la reducción de módulos por adversidades, 38 millones de euros del índice corrector de adquisición de piensos a terceros y 39 millones de euros del índice corrector de uso de electricidad para riego-.
También ha remarcado el incremento de la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, dotada ya con 317,7 millones de euros anuales. El último incremento de 60 millones de euros incluidos en el segundo decreto de medidas urgentes por la guerra en Ucrania aprobado en junio, permite incrementar en 10 puntos la subvención a la contratación de las pólizas, que en algunos casos puede llegar ya al 50% del coste.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
A lo largo del año 2022, el MAPA ha explicado que ha continuado el despliegue del componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para lo que en esta segunda anualidad se han movilizado 450,5 millones de euros. De esta cantidad, 303 millones corresponden al segundo convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para la ejecución de 40 actuaciones de modernización de regadíos. Con ello se completa la programación en este ámbito contemplada en el PRTR, 563 millones de euros en total, que supone su principal capítulo inversor, y que asciende a más de 700 millones de euros con la aportación privada.
Para impulsar la gobernanza y la eficiencia de las inversiones en regadíos, se han creado la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, en los que participan todos los agentes interesados: administraciones públicas con competencias en agricultura, comunidades de regantes, organizaciones profesionales agrarias, organismos de investigación y asociaciones de protección del medio ambiente, entre otros.
El Ministerio ha distribuido entre las Comunidades Autónomas más de 147,5 millones de euros para inversiones en distintas líneas de ayudas contempladas en el PRTR. De ellos, 134,8 millones corresponden a agricultura de precisión, eficiencia energética Y fomento de economía circular y energías y gases renovables. Los otros 12,7 millones corresponden a la línea de refuerzo de sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y en centros de limpieza y desinfección.
Además, el 7 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, que va a dotar de financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década. cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación. Está dotado con un presupuesto total de más de 1.800 millones de euros.
Iniciativas legislativas
Asimismo, el MAPA ha recordado que durante 2022 se ha avanzado en la aplicación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, "que ha resultado muy oportuna porque ha facilitado que, en contra de lo que ha ocurrido en situaciones anteriores de crisis, el peso no recaiga en exclusiva sobre las espaldas de los productores primarios, que tienen garantizado por ley que en el precio de venta de sus producciones se repercutan los costes de producción".
A partir de 2023 estará operativo el registro electrónico de contratos en el que será obligatorio inscribir todos los contratos que se realicen en la cadena alimentaria. Igualmente se ha constituido el comité de cooperación de las autoridades de ejecución entre la Agencia de Información y Control AlimentarioS (AICA) y las Comunidades Autónomas que debe velar por el cumplimiento de la ley.
