Además, el subsecretario anunció que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, va a remitir una carta de manera inmediata a la Comisión Europea (CE) para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía con el fin de que los agricultores no vean en riesgo su acceso a las ayudas. 
Asimismo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) va a convocar una reunión con las Comunidades Autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito, según ha avanzado el MAPA.
El MAPA precisó que con el compromiso de establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista esta situación de sequía, en la reunión han participado, de forma presencial o telemática, representantes de todas las Comunidades Autónomas, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes de España, además de representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.
La Mesa se constituyó como un foro técnico de diálogo, coordinación y cooperación interadministrativa de las diferentes medidas autonómicas y de ámbito nacional, y como instrumento de canalización de las distintas propuestas de actuación planteadas. En el transcurso de la reunión se pusieron en común los informes de precipitaciones y disponibilidades, se realizó un análisis de la situación general y particularizada en las distintas Comunidades Autónomas y se pusieron sobre la mesa propuestas que ahora deberán analizarse.
El Ministerio subrayó que la situación de sequía es "grave y generalizada", aunque revela diferencias importantes en el territorio, y destaca la afección de las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. Según sus datos, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.
Además, durante la reunión se presentaron los avances de superficies y producciones y se han analizado las dificultades más relevantes para territorios y sectores en las producciones agrícolas y ganaderas. Las afecciones más importantes, según se puso de manifiesto, se han detectado en la ganadería, en particular la extensiva y la apicultura, así como en los cultivos herbáceos de las zonas más afectadas por el déficit hídrico en las cuencas mencionadas.
El MAPA recordó que la Mesa de la Sequía se reunió por última vez el 4 de marzo de 2022 y fruto de sus trabajos fue el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros con medidas de apoyo al sector agrario en el ámbito fiscal, laboral, financiero e hidráulico que implicaban a seis ministerios.
Diagnóstico dramático
El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, reclamó una serie de medidas de carácter fiscal, laboral, o financieras que, a juicio de esta organización, deberían ponerse en marcha, y pidió al MAPA que tenga en cuenta la situación de las cooperativas, que deben mantener sus estructuras, empleo y costes fijos, a pesar de contar con una merma muy importante de la producción a comercializar. "No tener en cuenta esta situación es alargar la deuda e hipotecar la salida de esta situación a los propios productores, que son sus propietarios", indicó, al tiempo que reiteró la petición de contar con una política estatal de agua que afronte estas situaciones en el futuro.
Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, insistió en que las medidas tienen que ser "claras, concisas, contundentes y urgentes".
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora trasladó la necesidad de poner en marcha un Decreto de urgencia para adoptar medidas ante la situación "catastrófica" que están viviendo los agricultores de todo el país. A su juicio, es necesario un Pacto de Estado sobre la sequía, ya que "no queremos que se convierta en una confrontación política entre CCAA y el Ministerio".
A su vez, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reclamó "urgencia en la puesta en marcha de medidas" para proteger a los agricultores españoles de los efectos de la sequía. El secretario ejecutivo de esta organización, Ignacio Huertas, solicitó que se habiliten fondos de Europa, España y a nivel regional para evitar la "ruina total" de los agricultores y ganaderos, en especial de los de carácter familiar y pequeña y mediana dimensión. "Hay coincidencia en el diagnóstico: la gravedad de la sequía en el campo es absolutamente extraordinaria y las administraciones deben actuar para hacer lo que está en su mano", afirmó.
Finalmente, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) propuso una exención del IBI en todas las instalaciones de regadío (balsas, estaciones y canales) como medida para mitigar los efectos de la sequía en los agricultores.
