En la reunión, a través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), participaron representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las Comunidades Autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias.
De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas Comunidades Autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir, según informó el MAPA.
Con el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, el Gobierno aseguró que se anticipó en la aprobación de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica y sus consecuencias en la actividad agraria, después de la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo. Estas medidas de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico implican a seis ministerios.
En concreto, en el encuentro celebrado ayer, Asaja reprochó al Ministerio la demora en la convocatoria de esta reunión técnica, que no se celebraba desde marzo, y exigió la convocatoria de una reunión al más alto nivel con propuestas concretas por parte del MAPA.
Respecto a las medidas aprobadas por el Gobierno, desde esta organización agraria aseguraron que la única realmente efectiva ha sido la reducción de módulos, proponiendo su mantenimiento para ese ejercicio fiscal junto con medidas destinadas a los agricultores del régimen general.
Asaja detalló las previsiones de pérdidas en los distintos sectores, poniendo de manifiesto la situación crítica en muchos de ellos, por lo que consideró necesario implantar medidas “urgentes y contundentes ante esta situación de máxima gravedad, ya que de no ser así la próxima campaña puede traer una disminución de efectivos productivos más importantes de lo que en principio se puede prever”.
Según un informe de COAG, a 30 de agosto, en el caso del olivar se prevé una importante afectación en las producciones por la sequía y las fuertes olas de calor, especialmente en los secanos en los que se espera muy poca cosecha (10-20% de una producción normal). La organización cree que es difícil que se recuperen las producciones de los secanos más duros y estima una posible recuperación en algunas zonas si hay buenas lluvias en otoño. “Pero en general se está hablando de una producción por debajo del millón de toneladas, cuando nuestra media se sitúa en alrededor del 1,3-1,4 millones de toneladas y hemos llegado a producir 1,8 millones de toneladas. De la escasa agua que se dispone en regadío, el impacto del incremento del coste es de hasta un 50-75% más que en años anteriores”, señaló.
Por su parte, UPA reclamó la puesta en marcha de una política integral de protección de la agricultura frente a las adversidades climatológicas, ya que “son cada vez más graves”.
Esta organización solicitó en la reunión que se pongan en marcha “políticas valientes, con medidas a corto, medio y largo plazo” con el objetivo de que los agricultores españoles puedan seguir produciendo alimentos para alimentar a la población. Para ello, consideró “imprescindible” invertir en modernizar las infraestructuras hídricas existentes y en crear otras nuevas que "nos hagan más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales que, previsiblemente, podrían llegar en las próximas debido a la gran cantidad de calor acumulado en el Mediterráneo".
Otra de las propuestas de UPA se centra en rebajar el precio del agua desalada, un recurso que, en su opinión, cobra cada día más importancia, pero cuyos costes deben ser “asumibles” para los agricultores. Además, propuso articular medidas de apoyo presupuestario y de carácter fiscal, y apuntó que es preciso estudiar la reducción del IVA de los insumos de los productos que necesita la agricultura, especialmente los energéticos (gasoil, electricidad…) y de los fertilizantes.
Desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, se mostró “defraudada” por la reunión organizada por el Gobierno central que, a su juicio, se correspondía únicamente con un “seguimiento de las medidas adaptadas en marzo”. Por esta razón, ha reclamado la convocatoria de la Mesa Nacional de Sequía “al más alto nivel político” para impulsar nuevas medidas adicionales encaminadas a hacer frente a la situación actual.
