Las modificaciones deben estar plasmadas en un documento en el mes de junio para remitirlos a la Comisión Europea para su correspondiente aprobación. El ministro se mostró abierto a abordar todos los asuntos transmitidos por los consejeros autonómicos.
El ministro mantuvo sendas reuniones con los consejeros autonómicos de Agricultura y de Pesca en un primer contacto de la legislatura para oír y recabar opiniones sobre los principales asuntos a los que deben dar respuesta las administraciones en materia de agricultura y de pesca, y de cara a la elaboración del programa de actuación del MAPA en la nueva legislatura que Luis Planas presentará en enero al Congreso de los Diputados.
Luis Planas apeló al esfuerzo de todos para trabajar juntos en un sector que es estratégico para España. “Nos enfrentamos a una legislatura en la que, hasta 2027, debemos profundizar en muchos temas que son de interés para nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, y tenemos que hacerlo en estrecha colaboración teniendo en cuenta las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y al Gobierno”, señaló.
El ministro explicó que su propuesta de diálogo va extendida a “todas las Comunidades Autónomas sin importar el color político de quien las gobierne” y remarcó que la obligación de los representantes políticos es la de “cooperar para un mejor servicio, una mejor administración y apoyo al sector primario, y tenemos que llegar a acuerdos que les sean útiles”.
En concreto, trasladó a los consejeros autonómicos algunos de los asuntos que forman parte de las prioridades del Gobierno para la nueva legislatura y que esbozó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su investidura, y les reclamó propuestas en concreto para la estrategia alimentaria nacional. “En un país caracterizado por una gran diversidad productiva es muy importante conocer los puntos de vista de cada comunidad sobre cómo afrontar retos como el cambio climático y los derivados de la geopolítica”, añadió.
Pr otro lado, solicitó también a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, un refuerzo de la colaboración con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para maximizar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en vigor desde diciembre de 2021 para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban unas remuneraciones justas, por encima de los costes de producción.
Andalucía pide la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía
En dicha reunión, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, pidió la “puesta en marcha urgente de una Mesa Nacional de la Sequía que aporte medidas para la España más seca”. En este sentido, Crespo lamentó “las dificultades a las que se enfrentan los agricultores y ganaderos de zonas como Andalucía como consecuencia de la extrema sequía” y apostó por “unir fuerzas entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio”. “Hay que celebrar una Conferencia Sectorial y un Consejo Consultivo donde se aborden los puntos necesarios para tomar decisiones que ayuden a los productores en estos momentos difíciles para el sector por la subida de costes y la sequía”, añadió.
Entre otras cuestiones de relevancia, la consejera andaluza se refirió a la importancia de ampliar los seguros agrarios para que no cubran únicamente las incidencias en cultivos de secano, como ocurre actualmente, sino también de regadío. Crespo solicitó también que se recojan en la normativa del Plan Estratégico de la PAC las flexibilizaciones realizadas por la Junta para la región andaluza “conforme al Decreto del Estado”, ya que, de esta forma, se evitaría tener que volver a tramitarlas cada año. “Y, por supuesto, hay que llegar al máximo”, aseveró la consejera, argumentando que “los agricultores quieren aplicar las prácticas sostenibles pero en este momento no pueden”. A modo de ejemplo, explicó que la puesta en marcha de cubiertas vegetales en el olivar “es muy difícil en este momento debido a la sequía”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Crespo mostró su desilusión por que la Presidencia española haya “perdido la oportunidad de plantear la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países”, por un lado; y de impulsar la activación de una línea de apoyo al sector primario similar a la Medida 22 del Programa de Desarrollo Rural (PDR). “Una medida que permita a las regiones destinar sus propios fondos para auxiliar a sector que están enfrentando grandes dificultades, como el olivar”, apuntó.
