Esta cifra asciende hasta los 140 millones de euros de pérdidas, un 9,6% menos, si se compara con 2020, último año en el que se realizaron pagos bajo las pautas del anterior marco de la PAC. De igual modo, según los cálculos del Gobierno andaluz, ascenderían a más de 500 millones de euros en el periodo completo de la nueva PAC (2023-2027).
En concreto, la Junta de Andalucía está abonando en torno a 1.320 millones de euros en ayudas directas de la PAC del ejercicio de 2023, de los que, a pesar de que el período de pago no concluye hasta el primero de junio de 2024, ya se ha realizado el pago de aproximadamente el 88% del total. Esta anticipación del abono de las ayudas por parte del Gobierno andaluz permite realizar una valoración objetiva de las pérdidas que la nueva PAC provoca en el campo andaluz, abriendo la posibilidad de realizar alegaciones con datos probados.
Según los datos de la Consejería de Agricultura, esta pérdida “se concentra en los llamados pagos desacoplados, que poseen la triple finalidad de contribuir a una renta justa para agricultores y ganaderos, compensar el lucro cesante e incremento de los costes por aumentar la sostenibilidad en sus procedimientos y promover el relevo generacional”. El importe destinado a los pagos desacoplados representaría aproximadamente 1.160 millones de euros, lo que supondría una pérdida cercana al 11% respecto a la solicitud de 2022 y del 12% a antes de que se aplicara el nuevo marco financiero, es decir, respecto a 2020.
Además, según el Gobierno andaluz, “resulta significativo que estas pérdidas no se distribuyen de manera uniforme en el territorio, resultando especialmente perjudicadas las comarcas agrarias más productivas, que pierden por encima del 15% respecto a la campaña anterior”.
Alegaciones al Plan Estratégico de la PAC
Esta reducción de ingresos para el sector agrícola andaluz respalda la posición defendida por el Gobierno andaluz, que considera que el nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) "no se adapta a la realidad del sector agrario de Andalucía, siendo necesario cambios urgentes por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que respondan a sus necesidades".
El Gobierno andaluz, en acuerdo alcanzado con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha remitido al Ministerio nuevas alegaciones al Pepac que permitan solventar esta situación. En concreto, se ha solicitado la introducción de las necesarias flexibilidades de los requisitos de las ayudas de la PAC para adaptarlos a los diversos sistemas agrarios andaluces y tener en cuenta la situación de extrema sequía que sufre Andalucía.
A su vez, estas alegaciones instan a resolver dos cuestiones fundamentales que generan pérdidas de fondos para Andalucía, como son la definición de las regiones de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y, por otro, la determinación de los tipos de superficie de los eco-regímenes que, al no estar convenientemente adaptados a la realidad agraria andaluza, provocan un importante impacto socioeconómico en algunas de las comarcas y sectores de Andalucía.
La Junta de Andalucía considera que resultan posibles modelos alternativos al regional de ayuda básica a la renta que limiten las pérdidas máximas de las regiones más perjudicadas, evitando el importante impacto sobre la renta de los agricultores y la resiliencia de las explotaciones en estas zonas. Además, en cuanto al diseño de los tipos de superficie que determinan el nivel de las primas, resulta necesaria una zonificación global más compleja que la presentada en los eco-regímenes de la PAC 2023-2027, de manera que la determinación de la capacidad productiva del territorio no se base en una única variable, ya que hay diversos factores que influyen directamente.
Precisamente, el Gobierno andaluz recuerda que la Universidad de Córdoba ha elaborado un estudio que apunta modelos más adaptados a las singularidades de Andalucía, con los que se evitarían, en buena medida, las pérdidas económicas y que podrían tenerse en cuenta por parte del Estado para dar respuesta a esta alegación de los agricultores y ganaderos.
