Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Consejería de Industria, Energía y Minas, después de que ambas plataformas hayan entregado en el Parlamento de Andalucía más de 80.000 firmas recogidas en la campaña "¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!", Corbalán solicitó la paralización inmediata de cualquier proyecto en Andalucía que implique la tala de algún olivo centenario. “La sociedad española no entiende ni acepta que se tale un solo olivo centenario más amparándose en la ley o en nombre de la transición ecológica”, afirmó la portavoz de SOS Rural.
En palabras de la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, “la valoración de la reunión es agridulce, aunque ambas organizaciones han sido escuchadas, no se ha conseguido ningún compromiso por parte de la Consejería”. En este sentido, ambas plataformas transmitieron al consejero las "graves e irreversibles consecuencias ambientales, paisajísticas, sociales, económicas y para la soberanía alimentaria que traen consigo el millar de proyectos de grandes instalaciones de energía renovables previstos en Andalucía, que están transformando amplias zonas del territorio en espacios sacrificados al desarrollo energético".
“La aprobación de varios proyectos de megaplantas solares en la zona de Lopera conlleva la eliminación de miles de olivos, muchos de ellos centenarios, que son mucho más que árboles: son historia, identidad, economía y futuro”, argumentó Alcalá.
Ley para la protección del SAU
En este contexto, Corbalán trasladó al consejero de Industria la necesidad de impulsar una Ley autonómica para la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU), "que garantice la protección jurídica de esos terrenos fértiles destinados al cultivo y a la producción de alimentos frente a todos los usos no agrarios y, en particular, frente a proyectos de infraestructuras energéticas".
Asimismo, SOS Rural reclama "el establecimiento de una zonificación vinculante que prohíba la instalación de parques solares convencionales en esos suelos agrícolas de alta productividad, que se prioricen los suelos degradados como alternativa sostenible para estas infraestructuras y que se permita solo la instalación agrovoltaica certificada en terrenos agrícolas, siempre que cumplan condiciones técnicas estrictas que aseguren su compatibilidad real y permanente con la producción agraria".
“El auge de las energías renovables, especialmente de la solar fotovoltaica en España, es una oportunidad estratégica para avanzar en la descarbonización y favorecer la soberanía energética del país siempre que no se base en el desarrollo masivo y desordenado, que genera impactos territoriales, económicos, agrícolas, paisajísticos y sociales que no pueden ser ignorados”, apuntó Corbalán.
Así, la portavoz de SOS Rural cree imprescindible una adecuada planificación territorial que establezca zonas compatibles con estas instalaciones y prohíba su implantación en áreas protegidas, más allá de las evaluaciones de impacto ambiental actualmente exigidas.
