En ellas el Consejo recuerda que es un objetivo global de las políticas de la UE en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores ofrecer un nivel de protección elevado, y reconoce que el actual marco jurídico de la UE para la lucha contra el fraude alimentario es adecuado.
No obstante, destaca la necesidad de mantener y mejorar la cooperación intersectorial para luchar contra el fraude alimentario. Esta cooperación no solo debe incluir a las autoridades de control de los alimentos y los piensos, sino también a las autoridades que participan en la lucha contra los delitos económicos, a las autoridades fiscales, aduaneras, policiales y a las autoridades encargadas de la persecución del delito, así como a otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
A este respecto, el Consejo insta a la Comisión y a los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para garantizar la aplicación efectiva de la legislación vigente de la UE afinando la interpretación común de los criterios determinantes de fraude alimentario.
Asimismo, subraya la necesidad de promover la sensibilización de los consumidores y de seguir ampliando la formación en materia de lucha contra el fraude alimentario.
