Con carácter general, esta entidad ha considerado que la visión de las causas de las distorsiones del mercado, expuestas en la exposición de motivos del proyecto de norma, no se ajustan a la compleja realidad del sector, por el hecho de contemplar exclusivamente que esas distorsiones vienen causadas por los incrementos puntuales de oferta en la producción española y no valorar las causadas por las importaciones (vía contingentes y TPA), que “sin duda son una causa añadida tanto o más importante que las fluctuaciones de las cosechas”.
Asimismo, cree que en un contexto de mercado global, del que España significa únicamente un 40% de la producción oleícola, plantear medidas como las propuestas, exclusivamente al sector oleícola español, “no puede causar si no la ruina total de los hombres y mujeres, así como de las empresas no especulativas, que se dedican a este producto en España”.
La Sectorial Nacional de AOV con DOP ha abogado por que no se deberían establecer paralelismos entre lo propuesto y las medidas tradicionalmente aplicadas en el sector vitivinícola, ya que dicho sector cuenta con una OCM propia, con fondos propios, con limitación de plantaciones y con un mecanismo de destino alternativo del producto, financiado con fondos de la propia Unión Europea.
Por tanto, “las medidas propuestas son absolutamente descartables, por estar muy alejadas de ser favorables para los intereses de los olivareros, almazareros y envasadores de aceite de oliva españoles en general, y de las DOPs en particular”, ha añadido.
Además, ha manifestado su absoluto rechazo a facilitar la adopción de las medidas planteadas en el artículo tres del proyecto, por considerarlas contrarias a los intereses del sector en general y, en particular de los inscritos en las DOPs oleícolas españolas. En este sentido, ha explicado que las medidas de regulación de mercado propuestas, incluyen la retirada del aceite de oliva hasta la campaña siguiente y/o destino a uso no alimentario, así como la planificación de la producción mediante cosecha temprana, en función de las variedades.
En cuanto a la retirada del aceite oliva hasta la campaña siguiente o destino a uso no alimentario, cree que la aplicación de dicha medida no garantiza una respuesta al alza de los precios suficiente para sufragar los costes y pérdidas ocasionados por la retirada del producto, y echa en falta una medida presupuestaria que, en caso necesario, pueda compensar los gastos y las pérdidas, tanto de retirada como del destino no alimentario del producto (en el contexto actual de precios, la retirada de un 10% de la producción en la categoría lampante para uso no alimentario -por ejemplo biodiesel- supondría un coste próximo a los 200 millones de euros a nivel nacional y 40 millones de euros en el conjunto de las DOPs españolas).
Por tanto, ha afirmado que, sin la garantía del presupuesto necesario, nunca se deberían ni siquiera plantear la aplicación de este tipo de medidas.
Respecto a la planificación de la producción mediante cosecha temprana en función de las variedades, ha señalado que su aplicación presenta un altísimo grado de complejidad y que no solo no va a servir para disminuir la producción y mejorar la calidad, sino que, por el contrario, podría provocar discriminaciones entre comarcas con diferencias varietales y una pérdida de valor de los aceites de cosecha temprana ya existentes en el mercado, al incrementarse en un momento puntual, la oferta de un producto efímero que aún no tiene una suficiente cuota de mercado.
También ha indicado que las medidas de regulación de mercado complementarias son en sí mismas improcedentes, ya que pretenden aplicar medidas similares a las del sector vitivinícola, pero sin las herramientas presupuestarias y de ordenación de los cultivos aplicables a ese sector. “Por un lado se está permitiendo el incremento incontrolado de la superficie de olivar, y por otro se pretende limitar la producción de los olivares ya productivos”, ha aseverado.
En el caso del sector vitivinícola, ha explicado que hay limitación de nuevas plantaciones y la herramienta para limitación de las producciones se establece, casi de forma exclusiva y con el objetivo de mejorar la calidad, decidiéndose en el seno de las DOPs vitivinícolas.
A su juicio, la aplicación de medidas de esta índole únicamente penalizaría las buenas labores agrícolas, algunas variedades frente a otras e incidiría negativa y directamente en los costes de producción, al limitar rendimientos tanto a la pasta de aceituna como a la superficie cultivada.
