Este proyecto de ley transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados Miembros "mantener o introducir normas más estrictas". Por esta razón, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, del año 2013.
Con esta aprobación culmina la segunda fase de la reforma normativa iniciada por el Gobierno en febrero de 2020 en respuesta a una petición de las organizaciones del sector y que tiene como objetivo principal conseguir unos precios justos y un reparto equilibrado del valor entre todos los eslabones.
La ley, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), beneficia sobre todo a los productores, que verán recompensado su trabajo de una manera justa, ya que no está permitido vender por debajo de los costes de producción. Además, será obligatoria la existencia de contratos por escrito. La venta a pérdidas estará prohibida en todos los eslabones de la cadena, incluyendo por primera vez el eslabón final, al consumidor, con lo que se evita que los productos agroalimentarios puedan ser utilizados como reclamo en la venta al consumidor final.
Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la aprobación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria habrá mayor transparencia en la formación de precios y evitará la venta a pérdidas. "Su entrada en vigor es una buena noticia para nuestro sector agrario", ha subrayado.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha valorado de manera positiva la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria y ha precisado que se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal.
La organización ha explicado que también se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal Horeca (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción. Además, a su juicio, se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han considerado que esta norma deberá servir para cambiar la forma de operar en la cadena alimentaria, restableciendo el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación “totalmente asimétricas” durante décadas. A su vez, ha pedido poner en marcha una campaña de explicación de la nueva ley, con una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena alimentaria; y cree que la clave estará ahora en la labor de vigilancia, control y aplicación de la ley.
Esta organización ha aplaudido la aprobación de la ley, ya que supone "un logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes y que sitúa a España a la vanguardia de la protección del sector productor en Europa”.
