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La Justicia falla a favor de las almazaras industriales en una sentencia contra la AICA

La Justicia falla a favor de las almazaras industriales en una sentencia contra la AICA

martes 17 de mayo de 2022, 10:56h

Almazaras Federadas de España (AFE), celebra en una nota que la sentencia publicada el pasado 9 de mayo reconozca la libertad del agricultor a la hora de decidir el mejor momento para cobrar su aceituna y no la imposición de hacerlo a los 30 días desde que se entrega el producto, tal y como recoge la nueva la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2020.

"Parece que pagar cuando el agricultor lo decide no es objeto de sanción, a pesar de los esfuerzos de AICA por demostrar lo contrario", han asegurado desde Almazaras Federadas de España. Así, lo determina una de las últimas sentencias obtenidas en el procedimiento contencioso-administrativo al que han acudido las almazaras como consecuencia de las sanciones interpuestas por AICA por la norma de pagar al agricultor a los 30 días desde que se solicita la liquidación, en vez de pagar a los 30 días desde que entrega el producto, como sostiene AICA.

La sentencia reconoce la libertad del agricultor en decidir el mejor momento para cobrar su aceituna, indicando que "la fijación del precio queda en manos del agricultor, que es el destinatario de las medidas protectoras establecidas en la Ley, en la medida en que es él quien decide la fecha en que ha de acudirse a los datos objetivos y externos a las partes contractuales recogidos en el contrato para su determinación".

Asimismo, en cuanto a la libertad de elección de la fecha de cobro por parte del agricultor, la sentencia informa de que "el agricultor proveedor prefiere que se le abone su producto en el momento que así lo decida, solicitando la liquidación de su aceituna. De este modo, el agricultor-proveedor, tiene la opción de ver la evolución en el mercado del precio del aceite y elegir el momento que más le convenga para determinar el precio de su producto".

Antecedentes

Nada más aprobar en noviembre de 2020 el Proyecto de Ley por el que se modificaba la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ocho de las principales organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización de aceite de oliva de España enviaron una carta conjunta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le reclamaban una modificación urgente que evitase "el hundimiento inminente del sector".

En esta misiva, Almazaras Federadas de España (AFE), la Federación de Industriales de Aceite de Oliva (Infaoliva), Asaja, COAG, la Sectorial Nacional del AOV con Denominación de Origen Protegida, la DOP Priego de Córdoba, la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva) sostenían que la actual interpretación que hacía el Ministerio de la normativa vigente ponía en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo, ya que se esperaban pérdidas cifradas en más de 1.100 millones de euros que afectarían, sobre todo, al 40% de la industria transformadora del país.

Al respecto, Almazaras Federadas de España (AFE) decidió ir un paso más allá y presentar el recurso contencioso-administrativo del que se acaba de dictar sentencia.