Esta nueva norma está conformada por 29 artículos estructurados en siete títulos a los que se suman una disposición adicional y dos disposiciones finales. Este Estatuto, que comienza ahora su trámite parlamentario, sentará las bases para integrar el principio de igualdad de oportunidades de ambos colectivos en las políticas, medidas y acciones del Gobierno andaluz y marcará la actuación de este Departamento en los años siguientes.
Según ha informado la Junta, el objetivo final del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía es eliminar las barreras estructurales, económicas, administrativas y sociales que dificultan la participación de las mujeres con las mismas oportunidades profesionales que los hombres, buscando así que el sector agroalimentario y pesquero sea atractivo para las generaciones futuras. Además, el documento persigue también reconocer la importante aportación de las profesionales del campo, el mar y la agroindustria de Andalucía al desarrollo de estos ámbitos.
Entre otras cuestiones, esta normativa persigue avanzar en materia de representación y participación de las mujeres fomentando su incorporación a los órganos de dirección de cooperativas, sociedades, asociaciones y organizaciones profesionales. Para ello establece, por ejemplo, un plazo de un año desde la aprobación de la Ley para alcanzar una presencia equilibrada de ambos colectivos en los órganos de gobierno de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (Galpa) de Andalucía. Además, recoge la creación de la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas para impulsar la participación de las asociaciones que las representan en un mismo órgano.
Por otro lado, a su juicio, supondrá también avances en materia de reconocimiento y visibilidad de la aportación de las mujeres a los sectores agroalimentario y pesquero a través de estudios, informes o premios, entre otras iniciativas. Asimismo, incidirá también en el ámbito de la sensibilización y la formación, ofreciendo, por ejemplo, programas orientados a la mejora de la capacitación técnica y desarrollo personal de estas mujeres teniendo en cuenta las distintas realidades que existen.
Además, la norma permitirá mejorar la promoción del empleo femenino, con especial incidencia en los colectivos de personas jóvenes y vulnerables; propiciar el trabajo autónomo de las mujeres y la profesionalización de las actividades que realizan; y facilitar el acceso al crédito para las profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca que deseen emprender.
En cuanto a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el Gobierno andaluz quiere promover la apuesta de las mujeres por esta figura que permite visibilizar su posición en el sector, así como por la cotitularidad de las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan a las fincas. Para ello, se pondrán en marcha campañas de información y simplificación y se continuará avanzando en simplificación de procedimientos.
Para la redacción del Proyecto de Ley, la Consejería de Agricultura ha apostado por la colaboración con entidades que representan a las profesionales del sector. Entre otras asociaciones y colectivos, han participado en el proceso de elaboración todas las entidades de mujeres de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (Coamur), la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer) y el Consejo de Participación de las Mujeres.
Para el Gobierno andaluz, llama la atención que a pesar de concentrar el 25,5% de los puestos de trabajo y tener prácticamente la misma presencia que los hombres en las cooperativas agroalimentarias, la participación de las mujeres en las asambleas de estas entidades se reduce a poco más del 30%.
