Entre otros aspectos, se incluye el reconocimiento de los sistemas agrivoltáicos como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria. Esta medida responde a la necesidad de fomentar modelos sostenibles de producción agrícola y energética, sin comprometer el uso agrario del suelo, según precisó el MAPA. Los criterios técnicos que garanticen la compatibilidad entre ambos usos se definirán posteriormente.
Esta medida, a su juicio, representa una flexibilización que permitirá a más agricultores acogerse a las ayudas y ofrecer nuevas oportunidades de diversificación de sus ingresos sin comprometer el uso agrícola de las tierras.
También se aprobó la simplificación y una serie de mejoras técnicas de los eco-regímenes. Así, se elimina la exigencia de mantener en verano una cubierta vegetal mínima del 20% de la anchura libre de la proyección de copa para la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, en coherencia con las flexibilidades introducidas en el año 2024 para los secanos.
Además, se establece un porcentaje único del 7% de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas que combinen distintos tipos de tierras, lo que simplifica la gestión. Se amplía el listado de especies mejorantes válidas para la práctica de rotación de cultivos y se permite la inclusión de leguminosas plurianuales en zonas de no cosechado, con lo que se amplían las opciones de planificación agronómica.
Asimismo, se aprobó la modificación de otros reales decretos relativos a la aplicación de la PAC. En concreto, se establecen algunas especificidades en las cesiones de derechos en los casos en los que el cedente sea un agricultor que se incorpora a la actividad agraria o es una explotación catalogada como titularidad compartida; se adaptan los controles para ajustarlos a la actualización de la normativa sectorial, así como para uniformarlos y, de este modo, simplificar las actuaciones que hay que llevar a cabo.
A su vez, se introducen cambios en la gestión y control de la disponibilidad de las parcelas declaradas por el agricultor en la solicitud única y en los plazos para subsanar deficiencias en las solicitudes; y se adapta el régimen de aplicación de penalizaciones en materia de condicionalidad social. En materia de gobernanza, se establecen mejoras en el sistema de reporte a efectos del informe anual del rendimiento.
Innovación y créditos
Por otro lado, el Consejo de Ministros autorizó ayer la colaboración entre el MAPA y la Empresa Nacional de la Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, para ampliar en 15 millones la línea Agroinnpulso, que financia empresas emergentes y pymes innovadoras del sector agroalimentario. Esta autorización supone la renovación del convenio suscrito entre ambas instituciones en 2021, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2035.
Los préstamos participativos de esta línea los pueden obtener las pymes agroalimentarias de toda la cadena de valor que desarrollen actividades innovadoras y de base tecnológica, tanto en sus etapas iniciales como en las de crecimiento. Se presta especial atención a aquellas empresas con capacidad de generar empleo de calidad para jóvenes y mujeres que acometan inversiones necesarias y desarrollen su proyecto empresarial en la creación de nuevos productos, procesos o servicios.
Finalmente, el Consejo de Ministros acordó ampliar en 25 millones de euros el préstamo concedido a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para dar cobertura con un reafianzamiento a la línea de créditos de inversión y circulante para el sector agrario. Con esta ampliación, el préstamo a SAECA alcanza ya un total de 75 millones de euros.
Esta línea de ayuda que el MAPA puso en marcha a finales de 2024 se destina a facilitar el acceso al crédito a pymes del sector agroalimentario y pesquero y entidades asociativas agrarias mediante cobertura parcial de reafianzamiento de los avales otorgados por SAECA.
Con la ampliación aprobada, el límite de cobertura de capital máximo reafianzado es de 937,5 millones de euros, que permitirían movilizar un crédito máximo final de 1.171,8 millones de euros.
